Una vez que el gobierno federal anunció la reducción de pensiones “doradas” de hasta un millón de pesos mensuales, y acabó incluyendo las pensiones hasta de 71 mil pesos (ya no tan doradas), aplicable a todos los servidores públicos de organismos descentralizados (excepto a los militares, por supuesto), esto genera una moda, misma que seguirán las distintas entidades de la república, aunque ello implique, igualmente, lesionar derechos ganados en el pasado.
Cuando una empresa o institución ofrece a sus trabajadores jubilarlos bajo ciertas condiciones, está previendo y obligándose a crear las reservas necesarias (aportadas por ella misma y por el trabajador) para cumplir a futuro con esa obligación. No es un regalo, es una previsión que se hace y se contrata como tal. Quienes se jubilaron bajo esas condiciones, ganaron ese derecho.
Eso no importó. Finalmente se reformó artículo 127 constitucional, que puso como tope la mitad del salario de la presidenta. Se votó en el Congreso sin quitarle una coma, y a pesar de que no existe una ley secundaria que ponga las bases de su operación, ya se aplicó el descuento a jubilados de CFE, PEMEX, etc. Ese es el poder del Estado.
La idea se vendió como “reducción de privilegios” y “saneamiento de las finanzas públicas”, siguiendo la “austeridad republicana”. Se presumió que una pensión promedio en México es de 7 mil 92 pesos. Ganar más que eso “es un privilegio”. Nunca se pensó en aumentar las pensiones promedio reduciendo el gasto público y dejando de construir obras costosas y electoreras, o mejorar el clima de negocios en el país para que las empresas puedan ofrecer empleos de calidad y mayores pensiones. Es más fácil destruir que construir.
Olvidado quedó el artículo 14 constitucional, que establece la no retroactividad de cualquier nueva ley. Obviamente, si fue tan fácil hacer esto, ahora siguen los estados. El Gobierno de Morelos ya anunció que se reducirán pensiones y salarios excesivos, desatando obvias protestas de los sindicatos. El Gobierno del Estado de México, por su parte, aumentará la edad de retiro, de 62 a 65 años, a trabajadores del Estado. Esto último, por lo menos, no afectará a quienes ya se jubilaron.
La nueva moda está en marcha. Ojalá también se ponga de moda mejorar los servicios públicos para que se justifiquen los altos impuestos que pagamos.
