Bajo el argumento de que el Congreso local invade competencias del Poder Judicial al aprobar los decretos jubilatorios sin asignar el presupuesto para cubrir las pensiones correspondientes, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia trata de frenar con una controversia constitucional ante la Suprema Corte la carga financiera que representar jubilar con altos salarios a funcionarios y empleados.
Esa es la realidad que se enfrenta en la burocracia pero también en todo tipo de organismos públicos, la Universidad incluida.
La falta de previsión generó un increíblemente alto pasivo social que tiene en jaque a las finanzas.
Es innegable que se requiere actuar para imponer los cambios que permitan desahogar esos compromisos, con el conocimiento de que cada día que pasa las cosas se vuelven más complicadas.
