El paquete de medidas económicas aprobadas por el Congreso para el 2017 incluye la creación de un fondo para que los Ayuntamientos con problemas por el impago de laudos ejecutoriados pueden hacer frente a ese compromiso.
Aunque el recursos aportado por ese fondo deberá garantizarse con las participaciones del municipio de que se trate, es un hecho innegable que cualquiera que sea el modo, la solución a ese problema pasa por pagar, y no será, definitivamente, con recursos privados de los integrantes de los cabildos, sino con dinero público.
Ojalá que la fórmula se ponga en acción de inmediato y funcione, para que la posibilidad de que más de un alcalde sea destituido deje de ser noticia, porque pone en riesgo la decisión que el electorado tomó en su momento y que queda subordinada a otros intereses.
