Herrera: Plan Morelos Seguro
En un hecho insólito, el ex auditor Superior de Fiscalización, Gerardo Casamata Gómez, compareció ayer ante los integrantes de la Junta Política del Congreso local como parte de su obcecada estrategia para regresar al puesto del cual se encuentra actualmente suspendido, esto pese a haber sido sentenciado a dos años de prisión tras ser hallado culpable del delito de informes falsos proporcionados a una autoridad en la causa penal número 10/2010 ventilada por el Juzgado Primero de Distrito. Si acaso regresa, Casamata sentaría un grave precedente, pues esta sería la primera ocasión en que un alto servidor público pudiera permanecer en el cargo a pesar de tener responsabilidad dentro de un proceso criminal.
La sesión especial de este lunes se celebró a las 10:30 horas en la sede de la Junta Política y de Gobierno, cuyo presidente es el perredista Fidel Demédicis Hidalgo, aunque bajo un “procedimiento innominado”, es decir un mecanismo no existente en la legislación, pero creado ex profeso para el singular asunto. Déjeme decirle a usted que no existen antecedentes para beneficiar así a funcionarios culpables de haber cometido delitos que merecen penas corporales. Lo de exigir el regreso a determinada función pública tras cumplir las sanciones impuestas por el Juzgado de Distrito sólo a Casamata se le ocurre, quizás motivado por algún apalancamiento dentro del Congreso. Sin embargo, a partir de hoy comenzará a correr el plazo de treinta días hábiles para resolver el enredado caso, cuyo resolutivo será sometido al Pleno del Congreso morelense. Lo deseable es que las dos terceras partes de los 30 legisladores opten por lo más adecuado: remover de manera definitiva al desprestigiado ex auditor y proceder al nombramiento de un nuevo titular en la Auditoría Superior de Fiscalización otorgándole a la institución, además, mayor autonomía técnica mediante las reformas pertinentes a su ley orgánica. A ver.
Cambiando de tema diré que en menos de 12 horas seis personas fueron halladas muertas en Temixco, dos de las cuales aparecieron la víspera en Acatlipa sobre la carretera libre Cuernavaca-Acapulco, mientras que a otras tres se les detectó en una fosa localizada dentro de la comunidad de Tetlama. Algo grave debe estar sucediendo en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Temixco, a cargo de Angel Cortez Ruiz, al grado de haber sido rebasada por las células criminales. ¿Nadar de a muertito o temor? ¿O quizás las dos cosas? Sin embargo, también es importante referir el desmembramiento de una banda integrada por más de diez sujetos, al parecer miembros del cártel denominado “La Familia Michoacana”, el cual se propuso apoderarse de “la plaza” en Morelos. El éxito de la operación se debió a denuncias anónimas recibidas por la Policía Ministerial del Estado. Lamentablemente, ayer hubo otro asalto bancario, correspondiendo a la sucursal de Banorte, situada sobre la avenida Domingo Díez de Cuernavaca, la visita de los atracadores. Con este ya llegó a 15 la cantidad de asaltos bancarios acaecidos en nuestra entidad durante lo que va del año. El crimen organizado y la delincuencia común, a juzgar por las apariencias, están desatados.
Empero, al realizar ayer una primera evaluación sobre el Plan Morelos Seguro, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), José Herrera Chávez, afirmó que “los buenos resultados de este desplazamiento de fuerzas federales y estatales para prevenir y combatir delitos específicos como son el secuestro, la extorsión y el robo con violencia, radicará en la medida de la participación ciudadana a través de su denuncia anónima, contribuyendo así con las autoridades para detener a quienes han causado daño a las familias morelenses”. En conferencia de prensa, Herrera Chávez manifestó que la denuncia ciudadana al teléfono 089 “ha sido fundamental para concretar detenciones de grupos delictivos, como las registradas en la primera semana de la puesta en marcha del Plan Morelos Seguro, en el que se realizan tareas de inteligencia, investigación y acciones tácticas efectivas, donde el respeto por los derechos humanos se tiene como primicia de quienes están a cargo de este dispositivo de seguridad”. Así es como se consiguió rescatar a varias personas secuestradas. Finalmente, el militar fue cuestionado sobre el presunto involucramiento de cuatro importantes mandos castrenses en actividades delictivas, a lo cual respondió: “Hay que manejar esos asuntos con pinzas, pero sí les debo precisar que si alguien incurrió en violaciones a la ley, que lo pague”.
En distinto orden de ideas diré que Blanca Estela Mojica Martínez, militante del PRD y panegirista de Raúl Iragorri Montoya, presentó ayer en conferencia de prensa documentos referentes a la forma en que, supuestamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-JDC-438/2012, solicitando a la Comisión Nacional de Garantías del PRD proceder a la nulidad de la elección de consejeros estatales y nacionales celebrada el 23 de octubre de 2011. Según el dictamen, hubo elementos para anular el 24.4 por ciento de casillas en las que presuntamente se cometieron irregularidades durante la elección interna. Con este escenario, el PRD y todos sus candidatos estarían perdidos, sin posibilidad de hacer algo en los comicios del primero de julio. Sin embargo, Abel Espín García, presidente del PRD-Morelos, subrayó ayer mismo que dicha resolución del TRIFE “no afecta la conformación del Consejo Estatal y sólo podría tener efectos retroactivos para la elección de consejeros nacionales; por lo tanto están blindadas jurídicamente las candidaturas de todos los aspirantes a puestos de elección popular registrados por el partido del sol azteca ante el IEE para contender en la elección venidera”. ¿Será? Esperemos para ver y después diremos.
