* Lo legal, frente a lo ilegítimo
Para entender lo que ha sucedido durante los meses recientes con Gerardo Casamata Gómez, titular de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), es necesario referirnos al concepto de legitimidad, uno de los componentes fundamentales del elemento “competencia” que torna duradero a cualquier gobierno o sistema de gobierno.
A continuación transcribiré las opiniones de varios escritores al respecto. Hobbes considera que “el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea. Es ese consentimiento o consenso lo que legitima el poder de ese monarca”. Locke afirma que “la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad a someterse a ese poder; al ser el hombre libre por naturaleza no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, si no es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder”. Rosseau manifiesta que “el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la naturaleza general, la legitimidad se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general”. Maquiavelo agrega: “Un estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los súbditos. El gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría. La legitimidad se basa, en principio, en la fuerza; pero también es necesario que el príncipe no solo sea odiado, sino que cuente con el afecto de la gente, y que se encuentre sometido a la ley”. Y Kelsen complementa: “Busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de estado a la de ordenamiento jurídico, por ello el poder último equivale al poder soberano de la tradición, sobre una norma superior que autoriza el poder, así éste es legítimo solo cuando es autorizado por una norma”.
La legitimidad es un concepto enfocado al derecho a mandar y al deber de obedecer, y este hecho se produce en el momento mismo en que una persona asume esa posición –la de mandar- y por virtud de esa decisión, los demás presumen que deben obedecer. Sin embargo, Gerardo Casamata Gómez perdió desde hace mucho tiempo cualquier vestigio de legitimidad. Primero, porque pasó encima de la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de Fiscalización favoreciendo a grupos políticos y de presión, a fin de conseguir canonjías personales. Y después, porque él mismo ha sido enjuiciado en ámbitos jurisdiccionales federales, con resultados negativos, o más o menos librado a través de argucias legaloides, las cuales le permiten continuar, deslegitimado, en el cargo que todavía ostenta.
Casamata está acusado ante un juzgado federal por incurrir en falsedad de declaraciones. Por ello le fue librada una orden de aprehensión, pero promovió un amparo cuya resolución no satisfizo a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso local quienes, en voz de su presidente y secretario, Rabindranath Salazar Solorio y Fernando Martínez Cué, respectivamente, señalaron ayer que “a pesar del desempeño negativo del auditor Casamata, y de su inconformidad sobre la permanencia del titular de la ASF, se mantendrán respetuosos de que lo que dicte la ley federal”. Esto, señoras y señores, constituye una postura adoptada por los legisladores ante un dictamen de la justicia federal que le favorece a Casamata, a fin de mantenerse en la Auditoría. Sin embargo, se trata de lo legal frente a lo ilegítimo.
El mismo auditor admite que la demanda federal se originó por un despido “calificado de injustificado”, a consecuencia del cual se le dictó auto de formal prisión. Y aclaró que no es la única demanda que pesa sobre él. ¡Vaya cinismo! Lo peor es que la Dirección Jurídica del Congreso presentó a dichos diputados una interpretación referente al amparo, gracias al cual el órgano colegiado “no puede proceder en ningún acto que atente contra los derechos y garantías del auditor, lo que incluye un proceso de destitución del cargo”. Si recuerdan ustedes, el nombramiento de Casamata fue por decisión del pleno del Congreso, y no será tan simple removerlo, aunque enfrente acusaciones graves. Así de intrincado es nuestro marco jurídico, a pesar de que el aludido sea uno de los funcionarios públicos más cuestionados, deslegitimados y desvergonzados de Morelos.
