Calderón: su voluntad política.
El delicado caso del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado después de que elementos del 21 Batallón de Infantería (adscrito a la 24ª.
Zona Militar) lo detuvieron el primero de mayo en la Feria Cuernavaca, apenas empieza su curso jurídico bajo los cánones del fuero militar, aunque cualquier proceso debería ventilarse ante las autoridades civiles debido a la naturaleza de los delitos cometidos por quienes fueron aprehendidos hace casi dos semanas (no el viernes pasado) por elementos de la Policía Judicial Federal Militar y puestos después a disposición de la Procuraduría y Juzgado Quinto del mismo ámbito jurisdiccional.
No obstante que dichos militares ya confesaron que “se les pasó la mano” durante un interrogatorio a Jethro y lo mataron (en plenas instalaciones del 21 Batallón de Infantería, situadas sobre la avenida Domingo Díez de Cuernavaca), el delito de homicidio calificado y otros más seguirán radicados en la justicia militar mientras las élites de este país no decidan lo contrario. Hasta donde sabemos, las órdenes de llegar al fondo del espinoso asunto –caiga quien caiga y tope lo que tope- partieron del presidente Felipe Calderón Hinojosa; y el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, las ha secundado a cabalidad. En las indagatorias participa una treintena de agentes del MP Federal Militar y peritos sobre diversas ramas criminológicas a fin de llegar a la verdad histórica y evitar la impunidad.
Tal como lo hicimos ante el caso de Juan Francisco Sicilia Ortega (hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín), victimado el 28 de marzo junto con otras seis personas en una colonia de Jiutepec, los morelenses estamos constatando hoy otro hecho histórico, de suma envergadura, donde ha sido fundamental la voluntad política del presidente de la República en turno hacia el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, es importante subrayar que en el caso de Jethro Ramsés, al igual que en el de Juan Francisco Sicilia (con similar trascendencia histórica), también fue necesaria la movilización social y la participación de organismos mundiales, entre ellos Amnistía Internacional, justo cuando el prestigio del Ejército Mexicano no pasa por su mejor momento dentro de ámbitos jurisdiccionales internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A continuación varios de los delitos que, de acuerdo al Código de Justicia Militar, pudieron haberse cometido: conspiración, delitos contra el derecho de gentes, extralimitación de mando o comisión, maltrato a prisioneros, infracción a deberes militares y delitos contra el honor militar. Otros más (que también están contenidos en la legislación del fuero común) serían: abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Si el caso se ventilase ante la justicia civil también aplicaría, para muchos otros actores involucrados, el encubrimiento por favorecimiento que, por lo menos en el artículo 311 del Código Penal de Morelos, consiste en que alguien, “después de la ejecución de la conducta o hecho calificados por la ley como delito y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien, oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo”.
Desde luego, el encubrimiento no es un delito grave pero, bajo la premisa del fuero militar, daña el prestigio y decoro de las fuerzas armadas. ¡Y vaya que hubo encubrimiento durante dos meses a los responsables de la desaparición de Jethro Ramsés hasta de manera oficial!
Ayer mismo peritos de la Defensa Nacional extrajeron muestras de sangre a los padres del joven, a fin de analizarlas y compararlas con el ADN todavía localizable dentro de los huesos de una osamenta que, entre el 5 y 6 de mayo, detectaron las autoridades poblanas en el sitio que, según tengo entendido, ya señalaron los militares confesos durante una reciente reconstrucción de hechos. La etapa procesal de identificación del cadáver se encuentra inconclusa pues falta la confirmación genética para determinar si se trata de Jethro o no. Ya se imaginarán ustedes el dolor de sus padres.
Por lo demás, es importante recordar que Víctor Manuel Valdez Arteaga (“El Gordo Varilla”) fue detenido por elementos castrenses el 19 de mayo de este año y trasladado a la sede del 21 Batallón de Infantería donde, horas más tarde y sumamente golpeado, fue presentado ante periodistas como miembro del cártel del Pacífico Sur. Allá y entonces reveló que su clan sobornaba con 15 mil pesos a Juan Bosco Castañeda, a la sazón director operativo de la Policía Metropolitana de Cuernavaca. Hoy confirmamos que mediante esos “métodos de investigación” cualquiera confiesa haber matado a Jesucristo.
