La atrofia institucional
El reacomodo de células (bastante activas) del crimen organizado no cesa a pesar de la implementación del Plan Morelos Seguro que, como lo indiqué hace unos días, está diseñado para fructificar a corto, mediano y largo plazo. Los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado 28 de mayo en la zona metropolitana de Cuernavaca así lo demuestran, pero a la vez confirman lo que siempre hemos advertido cuando las autoridades federales intensifican sus operativos a lo largo y ancho de nuestra entidad: los grupos delincuenciales también exacerban sus ajustes provocando miedo entre la ciudadanía, así como presiones políticas de diversa índole hacia las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Para comprender todavía más el fenómeno y la complejidad de la recurrente problemática me referiré a Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien es profesor e investigador de El Colegio de México y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM. A mediados de 2010 trabajaba en una tesis doctoral sobre crimen organizado y violencia en México. Por su formación y experiencia es un experto en temas de seguridad, transparencia y acceso a la información. Guerrero publicó en la revista Nexos correspondiente a agosto de 2010 un ensayo titulado “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, donde analizó cada uno de los cuatro principales objetivos de la guerra declarada en diciembre de 2006 por el gobierno federal en contra del crimen organizado y su avance hasta septiembre de 2010. Dichos objetivos, en términos generales, fueron: 1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos.
Al respecto el prestigiado investigador agregó: “Parecen objetivos vinculados lógicamente entre sí, de modo que lograr algunos contribuye a alcanzar los otros. Por desgracia, no es el caso. Son objetivos muy amplios, muy ambiciosos y se estorban entre sí. Para empezar, tienen horizontes temporales distintos. El fortalecimiento institucional y la disminución del consumo de drogas son esfuerzos de largo aliento, que tardan uno o dos lustros en arrojar resultados. Desarticular cárteles y recuperar espacios públicos, en cambio, son objetivos que pueden cumplirse en uno o dos años, pero no son duraderos si persiste la anomia institucional, es decir, si no se cumple primero el objetivo de largo plazo de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”. Según observamos, amables lectores, los tres órdenes de gobierno están atrapados sin avanzar en torno a los puntos descritos: el tráfico de drogas sigue, la desarticulación de cárteles no cesa, no se han recuperado los espacios públicos y persisten diferentes atrofias en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Y ni qué decir de la anomia institucional que afecta a las 33 policías preventivas municipales de Morelos, infiltradas por células criminales.
Debido a los límites de espacio, hoy me referiré solamente a las consideraciones de Eduardo Guerrero Gutiérrez sobre el objetivo de desarticular las bandas delincuenciales. Basado en información de la ONU y agencias de seguridad y justicia estadounidenses, así como en determinados comunicados oficiales del gobierno mexicano y artículos de expertos nacionales difundidos por medios informativos, Guerrero señala que “la política de desarticulación de cárteles (tal como lo concibe y ejecuta el gobierno mexicano) ha tenido tres efectos indeseados: genera o exacerba los ciclos de violencia, multiplica el número de organizaciones criminales y extiende la presencia de éstas en nuevas zonas del país”. Agrega: “La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos, no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales. Actualmente, todos los estados del país (salvo Tlaxcala) registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007 la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más. Nuevas organizaciones como Zetas, Pacífico Sur y La Barbie han logrado establecerse velozmente en 19, cinco y cuatro estados respectivamente”. Cualquier semejanza con lo sucedido recientemente en Morelos no es mera coincidencia, sino el resultado de estrategias que a veces funcionan, pero en otras no. Y el reacomodo de nuevos grupos avanza de manera implacable.
Según el investigador de El Colegio de México “el gobierno federal ha avanzado, sin duda, en su amplia agenda de fortalecimiento institucional. Ha invertido mucho dinero en crear una policía federal más profesional y mejor equipada. Ha mejorado la infraestructura tecnológica y administrativa para elevar las capacidades de inteligencia de las agencias. Ha planteado ambiciosas reformas legislativas en las áreas de seguridad pública y justicia penal. Pero estos trabajos de reforma institucional no han tenido, ni podrían tener, una incidencia directa e inmediata en lograr el resto de los objetivos de la estrategia. Ya se ha dicho: las reformas institucionales tardan lustros, incluso décadas, en madurar y arrojar resultados tangibles”.
El 1 de septiembre de 2012 escribí lo siguiente: “El gobierno ha avanzado también en el objetivo de desarticular las bandas criminales. Los capos son detenidos o aniquilados después de ‘meses de trabajo’ de inteligencia, tal como ocurrió esta semana con Edgar Valdez Villarreal (alias La Barbie), pero esas acciones generan olas de violencia que pueden durar semanas o meses (lo hemos comprobado en Morelos durante 2010 tras la debacle de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre del año pasado), y con frecuencia culminan con la escisión del cártel descabezado, propiciándose el nacimiento de nuevas organizaciones. A ver qué sucede, pues, tras la aprehensión de La Barbie”. Lo que sucedió (a casi dos años de distancia) está a la vista de propios y extraños: la violencia ha disminuido, pero no cesa y se intensifica a pesar de la puesta en marcha del Plan Morelos Seguro. Lo deseable para la ciudadanía y la sociedad civil es que pronto pueda recuperarse el espacio público y, mediante exhaustivas jornadas de inteligencia, se demuestre que el costoso operativo no es simplemente un montaje.
