Urge el dinero federal y estatal.
El diputado local Jorge Arizmendi García tiene razón cuando menciona la necesidad de que el Congreso morelense, en pleno, gestione un encuentro con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a fin de iniciar acciones cuyo objetivo sea mejorar la seguridad pública local. La medida abarcaría un “acuerdo regional” que involucre a representantes del gobierno federal, senadores, diputados federales y locales, al Poder Ejecutivo de Morelos y especialmente a los 33 alcaldes, dentro de “una gran cruzada que abata la violencia en todos sus géneros y expresiones en la entidad”.
Lo anterior marcaría un avance en materia política, pues si algo ha faltado a nuestros ínclitos políticos, de cualquier color y tendencia ideológica, es cohesión e integración en proyectos comunes de gobierno. Empero, la parte medular de la propuesta de Arizmendi es la siguiente: “Al tiempo de que se logren resultados en materia de seguridad pública, disminuyendo la incidencia del crimen organizado y la delincuencia sobre la población, deben impulsarse mecanismos para la reactivación económica estatal, la infraestructura turística y su difusión, el incremento de la oferta laboral y educativa, el desarrollo de programas deportivos y culturales para la niñez y juventud, incluyendo los espacios necesarios para su implementación, entre otros aspectos”.
Solo falta que la asamblea legislativa acepte la idea externada este martes por Arizmendi blindando la iniciativa con respecto de “un proceso político demagógico” (según sus propias palabras). ¿Separando el posible “pacto” frente al inminente proceso electoral? No lo creo, pero se otorga el beneficio de la duda. Ojalá y así suceda, por el bien de Morelos.
Y tocante a la seguridad pública, el legislador colocó el dedo en una llaga existente a nivel nacional, representada por la insuficiencia económica: “Este nuevo frente, que estaría conformado por los principales interlocutores en los distintos espacios de representación, demandará recursos extraordinarios provenientes de la Federación y el Estado, aplicables a la capacitación, el equipamiento y el reforzamiento de los mecanismos de control y confianza en todas las corporaciones policiales de Morelos”.
En resumidas cuentas: implantar en nuestra entidad más o menos los mismos programas económicos y sociales que el gobierno federal y estatal llevaron, de manera emergente, a Ciudad Juárez para rescatar el tejido social de la grave descomposición que, durante dos décadas, ha sido un magnífico caldo de cultivo para el crimen organizado.
Insisto: la propuesta de Jorge Arizmendi no es descabellada. Baso mi afirmación tras haber leído una reciente investigación concluida por el Colegio de la Frontera Norte, bajo la autoría de Luis Cervera Gómez y Julia Monárrez Fragoso y los auspicios de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), titulada “Sistema de Información Geográfica de la Violencia en el municipio de Juárez: Geo-referencia y su Comportamiento Espacial en el Contexto Urbano y Rural”. Un extracto del trabajo fue difundido el pasado 21 de abril por varios periódicos chihuahuenses.
Los investigadores aludidos hicieron varios muestreos en los puntos criminógenos de Juárez encontrando una relación directa de las zonas donde delinquen los menores de edad (y se ubican las pandillas), con las áreas donde no hay preparatorias. Asimismo, “existe una alta relación de las regiones críticas de delincuencia juvenil con la falta de equipamiento e infraestructura urbana”.
“Es importante destacar que el promedio de edad del delincuente juvenil es de 16 años, la edad en que deberían estar estudiando en el nivel medio superior”, declaró Luis Cervera Gómez. “Pero no sólo es la falta de escuelas, sino también la nula oportunidad para acceder a instalaciones recreativas”, agregó. “Es evidente la falta de parques o áreas verdes, estadios, cines, dependencias, bibliotecas y hospitales. Estos déficits coinciden con las regiones críticas o ‘hotspots’ (puntos calientes), donde se generan las condiciones urbanas que conducen a los jóvenes a la delincuencia”, añadió el investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Remontándonos al “Caso Morelos”, es importante recordar las zonas donde se han realizado los recientes operativos del Ejército Mexicano y la Policía Federal en busca de peligrosas células delincuenciales: colonias marginales de la zona metropolitana de Cuernavaca (Temixco, Jiutepec y Xochitepec, concretamente), cuyas principales características son idénticas a las descritas por los investigadores del Colegio de la Frontera Norte.
Mañana continuaré con este asunto, refiriéndome también a uno de los mejores ensayos que he leído en torno a la gestación del crimen organizado. Se titula “El crimen como oficio: una interpretación del aprendizaje del delito en Colombia”, de Isaac de León Beltrán y
Eduardo Salcedo Albarán, miembros de la Fundación Método, un prestigiado grupo multidisciplinario de investigación en ciencias sociales que ha asesorado al gobierno de dicho país centroamericano en la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada. Podrán ustedes ubicar la puerta de acceso de nuestra juventud hacia el reclutamiento por el crimen organizado. Y también confirmarán la tesis del Colegio de la Frontera Norte, tocante a las circunstancias urbano-espaciales, aplicándola al caso de Morelos. Empero, lo que no hay es suficiente dinero para mejorar el hábitat de las nuevas generaciones.
