Las víctimas: niños y jóvenes.
El director del Instituto de la Juventud en Morelos (Injuvemor), Víctor Santibáñez Ulaje, causó prurito entre connotados miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras declarar -el viernes de la semana pasada- que el grave incremento en las ejecuciones de jovencitos “se debe a la corrupción que ha prevalecido en las instituciones mexicanas durante setenta años”. Desde luego, el funcionario se refirió así a siete décadas de gobiernos controlados por la clase política tricolor, tanto a nivel nacional, como en las entidades federativas donde fue gobierno. Fue el caso de Morelos, territorio dominado por el PRI hasta el año 2000, cuando fue sacado del Palacio de Gobierno por el entonces panista Sergio Estrada Cajigal.
Desconozco de dónde sacó Santibáñez el siguiente dato, espeluznante por cualquier extremo: en 2011 se registraron aproximadamente 400 ejecuciones en Morelos, y de ellas un tres por ciento correspondió a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 22 años de edad, “quienes siguen siendo carne de cañón para el crimen organizado”. No sé si la posición asumida por el titular del Injuvemor haya tenido un matiz electorero, a fin de generar animadversión hacia el instituto político que, bastante ensoberbecido, se siente ya de vuelta en Palacio de Gobierno, pero sí tiene estricto apego con la realidad heredada por determinados gobiernos priístas a nivel nacional y estatal.
Para nadie es un secreto, por ejemplo, que en el sexenio 1976-1982 (encabezado por el priísta Armando León Bejarano) empezaron a sentar sus reales los personeros de varios cárteles del narcotráfico sin ser molestados en lo mínimo, situación que se prolongó hasta el periodo de pesadilla (el de los jorges Carrillo Olea, Morales Barud y García Rubí), de 1994 al 2000. Lamentablemente para Santibáñez Ulaje es necesario recordar que la primera administración panista también fue omisa ante la problemática. El “Caso Montiel” y otros avatares fueron la resultante de aquello.
Todo lo antes expuesto me hizo recordar el desarrollo de un árbol de bambú, cuyas raíces tardan alrededor de cinco o seis años en expandirse, hasta que el frondoso y sólido tallo se hace visible sobre el subsuelo. Fue así como surgió la altísima criminalidad prevaleciente hasta ahora; el tema no es nuevo y ha crecido conforme aumentó, cada sexenio, la corrupción en todas las instituciones responsables de combatir a los malosos. Sin embargo, las acciones y omisiones de antaño pueden equipararse con los discursos demagógicos y oportunistas de hoy. Es molesto escuchar las frecuentes referencias al tema de la seguridad pública por parte de candidatos y precandidatos a tal o cual cargo de elección popular, mientras el problema estructural sigue latiendo en el corazón mismo de nuestra sociedad. Ahora sí desglosemos parte del fondo de la problemática que, sobre todo, está atacando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Cuando analizamos las circunstancias y factores que entregan a miles de jóvenes al crimen organizado, se concluye que desde su desenvolvimiento cotidiano se trató de sujetos con dificultades para relacionarse socialmente, sentimientos de inferioridad, temores, depresión, frustración y sensación de incertidumbre. Cualquier semejanza con la conducta de muchos jovencitos a quienes conocemos no es coincidencia, sino parte de una realidad que se agravó durante las dos décadas pasadas sin las medidas preventivas adecuadas. El fenómeno creció hasta niveles insospechados dentro de un caldo de cultivo fomentado y aprovechado por bandas delincuenciales.
El índice de delincuencia entre los sujetos es elevado desde edad temprana. Empiezan a los ocho años, pero delinquen con mayor frecuencia entre los 16 y 17. La problemática afecta tanto a hombres, como a mujeres. Bajo una rigurosa interpretación psicológica, algunos científicos sociales encuadran la problemática dentro del trastorno de personalidad antisocial. Dicho “síndrome” es una condición caracterizada por el desprecio permanente a favor, y la violación de los derechos de los demás, que comienza en la niñez o la adolescencia temprana y continúa hasta la edad adulta. El engaño y la manipulación son características centrales de este trastorno.
Para este diagnóstico que ha de darse, el individuo debe tener al menos 18 años y haber manifestado algunos síntomas de trastorno de conducta (la delincuencia) antes de los 15 años. Este padecimiento sólo se diagnostica cuando los comportamientos son persistentes, paralizantes o generan condiciones emocionales de vergüenza. A continuación describiré siete criterios que sirven para diagnosticar el trastorno de personalidad antisocial.
Aparecen desde edades tempranas y son los siguientes: 1) Si no se ajustan las normas sociales con respecto de las conductas legales, según lo indicado por la realización de actos que son motivo de detención; 2) Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para beneficio personal o por placer; 3) Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro; 4) Irritabilidad y agresividad, según lo indicado por peleas físicas repetidas o agresiones; 5) Temerario desprecio por la seguridad de sí mismo y la de otros; 6) Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de honor ante las obligaciones financieras; y 7) La falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otro.
Dado que estas conductas son comúnmente observadas en los niños y adolescentes, la enfermedad antisocial sólo se diagnostica si persisten en la edad adulta (es decir, si la edad es de 18 años o más). ¿Se llegan a convertir en sociópatas estos jovencitos? La respuesta es afirmativa en la mayoría de casos. Estos datos son un apretado resumen sobre el tema, que en otra ocasión continuaré. Hoy concluiré diciendo que la mayoría de niños, adolescentes y jóvenes vinculados al crimen organizado y la delincuencia común siempre tendrán el riesgo de morir prematuramente por medios violentos. Asimismo, el desempleo prolongado, la educación interrumpida, matrimonios rotos, paternidad irresponsable, la falta de vivienda y el encarcelamiento son comunes con este trastorno. ¿Conocemos realmente a nuestros hijos?
