Seguridad privada: escándalo.
Desde hace muchos años he sostenido que los principales operativos de intercepción a traficantes de drogas ilegales en Morelos han corrido (y corren) a cargo de las corporaciones estatales de seguridad e instituciones de persecución delictiva. Me refiero a la Policía Preventiva del Estado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Policía Ministerial, adscrita a la Procuraduría General de Justicia. Desde luego, la participación de las policías municipales también ha sido y es valiosa. Los dos niveles de gobierno, durante décadas, trabajaron a favor del ministerio público federal en el combate al narcomenudeo, ante lo cual el titular de la PGJ, Pedro Luis Benítez Vélez, no tuvo empacho para declarar ayer que su institución “está preparada y conoce de delitos de narcomenudeo, porque ha coadyuvado desde hace muchos años en la investigación de esta clase de ilícitos que no tienen mayor complicación jurídica ni probatoria”.
La posición asumida por Benítez Vélez tiene vinculación con una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio “luz verde” a la participación de los gobiernos estatales y municipales en el combate al crimen organizado en la modalidad de narcomenudeo, aunque con algunas limitantes contempladas aún por la legislación penal federal. “Estamos preparados para recibir estas causas en el momento en que la Procuraduría de la República o los juzgados de Distrito se declaren incompetentes y sean conocidos estos asuntos de narcomenudeo por la autoridad local”, añadió el fiscal morelense, quien afirmó que el narcomenudeo es un ilícito que en más del 90 por ciento de los casos se maneja en flagrancia y es un delito que no tiene mayor complicación jurídica, ni probatoria; se trata de detener a un individuo con una substancia prohibida y que esté en posesión de menos de 5 kilos para proceder a su captura.
Cabe señalar que la PGJ de Morelos ha coadyuvado desde hace mucho tiempo con la delegación de la PGR en la integración de esta clase de ilícitos. “Nosotros les hacíamos las periciales en química y también estamos en posibilidad de pesar hasta con una simple báscula gramera, como le llaman en el medio, menos de 5 kilos y entonces actuar; pero serán las autoridades federales las que determinen cuándo comenzamos a conocer sobre estos delitos, nosotros estamos listos”, concluyó. Como decía el inolvidable Mauricio Garcés: “¿Arroz?”. Me parece que la PGR y todas sus delegaciones encabezaron a lo largo de muchos años un auténtico montaje teatral. Otros se han parado el cuello con el trabajo de policías estatales y municipales, a veces caídos en el cumplimiento de su deber. En fin.
Cambiando de tema comentaré que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, efectivamente, tiene radicada una denuncia contra Fernando Álvarez Mata, director general de Control de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Se nota que la conferencia de prensa ofrecida anteayer por el diputado local Fidel Demédicis Hidalgo, en compañía de Alejandro Dorantes, presidente de la Asociación de empresarios del ramo en Morelos, y su asesor legal, el controversial Agustín Aragón Sosa, en la cual “aventaron” al hermano del senador Sergio Álvarez Mata, causó prurito en el titular de la SSP, Gilberto Toledano Sánchez, quien prácticamente se lavó las manos ante la acusación. Un boletín de su dependencia emitido ayer manifiesta que la SSP “está comprometida con la legalidad y la justicia”, y que, “como en otras ocasiones, estará atenta a los requerimientos que establezca la Procuraduría General de Justicia a fin de proporcionarle de manera puntual la documental o informes que requiera para desahogar la investigación derivada de la denuncia interpuesta en contra de dicho funcionario”. Y ratifica que en ningún caso solapará o protegerá a ningún funcionario adscrito a su estructura. Era lo menos que podía expresar públicamente el general retirado. Empero, lo que no dice es que las denuncias de extorsión en el área de Álvarez Mata no son nuevas. Hace casi dos meses varios empresarios de seguridad privada se reunieron con Toledano Sánchez para informarle sobre las cuotas que esa unidad administrativa les había impuesto, a través de un tal José Luis Salinas Díaz, a la sazón subdirector, quien fue cesado casi de inmediato. Las cosas se calmaron durante varias semanas, pero después fue el propio Fernando Álvarez Mata quien encabezó las “negociaciones”, de lo cual hay pruebas en audio y video. A ver.
Ayer, el alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós viajó al DF y atestiguó la entrega de 340 títulos de concesión de aguas nacionales superficiales, encabezada por el presidente Felipe Calderón durante un acto llevado a cabo en la sede central de la Conagua. Serán 21 municipios de Morelos los que se beneficien con el levantamiento de una veda (que duró medio siglo), por parte de la Conagua, para utilizar aguas superficiales. Con la respectiva potabilización, el agua de riego también servirá para el consumo humano. Los 340 municipios forman parte de Morelos, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala. Cerca de 325 mil personas que se localizan en 21 municipios morelenses serán beneficiadas. La medida, entre otras cosas, terminará además con la irregular explotación de aguas superficiales y la manipulación del líquido destinado a los sembradíos, tal como ocurrió durante lustros en Axochiapan, donde hace apenas unas semanas los usuarios casi lincharon a varios sedicentes funcionarios de la Conagua que cobraban cuotas para permitir la explotación clandestina de algunas fuentes de abastecimiento. A ver. Enhorabuena por el trabajo desplegado aquí por el director de Conagua-Morelos, Juan Carlos Valencia. De refilón le comento a usted que, por su parte, Amado Orihuela Trejo, presidente estatal del PRI, también viajó al DF, a la sede nacional del partido. Y la Dupla del Oriente no está muerta. Hoy, a las 9:00 horas, en el estacionamiento principal del ALM, harán pública su postura hacia el 2012. A ver.
