* Procuraduría y TSJ bajo ataque
La constante intromisión de políticos, politicastros, politiqueros y politiquillos en cuestiones inherentes a la procuración y administración de justicia volverá a alterar el adecuado funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sea quien fuere su nuevo presidente. Más pronto de lo que imaginamos, el Poder Judicial será objeto de presiones externas para abrir espacios a determinados personajes y convertir a tan importante instancia jurisdiccional en una nueva agencia de colocaciones, tal como ha ocurrido con el Congreso local durante casi un año.
Antes de continuar es importante hacer algunas reflexiones sobre la esencia de los órganos encargados de procurar e impartir justicia. Algunas corrientes modernas de pensamiento le confieren a ambas un carácter de institución autónoma. Razón fundamental para ello es que su actividad está en función de la justicia y no de la administración pública, ni de la política. Empero, ¿es inevitable el uso político de la justicia que estamos viendo? Las presiones de que ha sido objeto Pedro Luis Benítez Vélez, procurador general de Justicia, por parte de funcionarios públicos y políticos, demuestran que lo anterior es una práctica común en nuestra entidad federativa. Así se lo recriminó al diputado Fidel Demédicis durante una comparecencia ante el Congreso del Estado.
En estricto sentido, toda actividad pública es política; sin embargo, cuando se dice que el Ministerio Público o los juzgados penales, civiles y familiares –órganos responsables de la procuración y administración de justicia– deben ser instituciones apolíticas, esto significa que han de actuar técnicamente, de acuerdo con lo establecido por la ley penal, y no tomar en cuenta consideraciones respecto a la conveniencia u oportunidad para realizar un acto determinado.
Lamentablemente para Morelos, lo anterior no es entendido por conocidos politicastros, quienes se quedaron acostumbrados a un sistema arcaico donde el gobernador en turno o diputados más o menos empoderados levantaban el auricular del teléfono e instruían al procurador o al presidente del TSJ sobre “cómo aplicar el estado de derecho”. Un ejemplo más o menos reciente lo tenemos con Ricardo Rosas Pérez, defenestrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, quien fue duramente presionado para liberar a un conocido médico procesado y encarcelado en Atlacholoaya por negligencia e impericia técnica profesional. De alguna forma u otra, Rosas Pérez defendió la autonomía técnica del Tribunal, generando resentimientos entre servidores públicos, políticos y miembros del foro morelense. Quiso aplicar la mecánica prevaleciente en instituciones federales de administración de justicia y ahí están las consecuencias. Sin embargo, también deben sumarse hechos discrecionales que, al transcurrir el tiempo (ciertos o no), le provocaron un daño de imagen.
Quienes integran el Poder Judicial, teóricamente, deben proceder conforme a los datos incorporados en los expedientes, sin detenerse a pensar en situaciones de otro tipo. En un sistema de división de poderes, unos órganos se encargan de elaborar la norma y otros de aplicarla. Por ello, tanto los jueces como los agentes del Ministerio Público están impedidos para emitir juicios y consideraciones respecto de la legitimidad de una ley, es decir, su apego a criterios éticos o políticos externos al orden jurídico, lo cual no es ni siquiera conocido por el sector político o partidista, cuyas normas surgen de la costumbre y el clientelismo.
El problema para la sociedad morelense es que tanto la designación del procurador general de Justicia, como la de magistrados adscritos al Poder Judicial, debe pasar por el escrutinio del Congreso local. Desde ahí se complica y adultera la adecuada marcha de las multicitadas instancias jurisdiccionales. Bastó que anteayer trascendiera la sentencia final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a un amparo promovido hace casi dos años por Ricardo Rosas Pérez contra imposiciones del Congreso local (en sentido negativo a los intereses del magistrado), para que de inmediato comenzara la partidización de su relevo. Hasta el momento de redactar la presente columna se mencionaba que el grupo parlamentario del PRI, de absoluto predominio en el Legislativo, apoyaría al magistrado José Valentín González García para convertirlo en relevo de Rosas Pérez. De igual manera, el GPPRI agitó cualquier número de frentes para combatir la reelección del multicitado magistrado a partir del 17 de mayo pasado, pero sólo la Corte logró removerlo. ¿Tuvo capacidad de resistencia? Saquen ustedes sus propias conclusiones.
