PLBV y Menchaca: diferencias
El gobernador Marco Adame Castillo deberá entregar su Quinto Informe de gestión administrativa al Congreso morelense, a más tardar, el 15 de febrero próximo. Tal como lo hemos constatado en otros momentos similares del sexenio, los grupos de presión enfocan ya sus baterías hacia él para agredirlo y, desde luego, sacar tajada electoral rumbo a los comicios constitucionales de 2012. Lo hacen bajo cualquier pretexto o eventual justificación.
El artero asesinato de Abraham Ortiz Rosales, quien fuera presidente municipal de Temoac (el pasado 10 de enero), otorgó a los sempiternos oportunistas la posibilidad de ganar reflectores retomando el gastado discurso impugnativo en contra del procurador general de Justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gastón Menchaca Arias, subalternos de MAC.
Benítez se ha defendido frente a los cuestionamientos y argumentos de sus detractores con algunos resultados a través de la Subprocuraduría de Justicia de la Región Oriente, la cual ha coordinado las investigaciones para dar con los autores intelectuales y materiales del atentado. Hasta ayer había cinco presuntos responsables detenidos, aunque en la etapa previa al auto de formal prisión se ha manejado la versión de que Ranulfo Carolino Morán Lima, tesorero municipal de Temoac, un hijo suyo y un escolta a su servicio, implicados en el crimen, podrían ser liberados, asunto que deberá determinarse este miércoles por la noche.
De llegarse a consumar esta posibilidad, la situación de Benítez Vélez se tornará conflictiva. Hace unos días comenté que, inmediatamente después del asesinato, fue temerario acusar a priori al tesorero, cuya aprehensión, por cierto, generó tensión social en Huazulco, de donde es originario. Hoy vendrán a Cuernavaca habitantes de esa localidad para exigir su liberación. Acudirán a instancias gubernamentales y el Congreso local. Es importante subrayar que el auto de formal prisión debió emitirse anteayer a las 22:15 horas, pero no se hizo debido a que la defensa de Morán Lima y coacusados pidió ampliar el término hasta hoy, a la misma hora, a fin de aportar pruebas de descargo. A ver.
La posición de Gastón Menchaca Arias siempre ha sido compleja -sobre todo en momentos críticos- debido a su ineficacia para socializar la militarización de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A diferencia de Pedro Luis Benítez Vélez, quien ha sido respaldado desde finales de la semana pasada hasta ayer (para mantenerse en el cargo) por organizaciones de juristas locales, el general retirado ha navegado contracorriente. Su principal sostén es el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y ni siquiera entre su principal círculo de colaboradores goza de simpatía. Simple y sencillamente, el estilo de servidores públicos emanados de estructuras administrativas civiles no concuerda con la férrea disciplina militar, amén de que la Policía Preventiva Estatal ha dejado mucho qué desear en la lucha gubernamental contra el crimen organizado y la delincuencia común.
El único militar que salva las apariencias dentro del gabinete de seguridad es el coronel José Herrera Chávez, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aunque con sus bemoles, pues entre algunas de sus asignaturas pendientes no ha cuajado el reconocimiento del Centro Estatal de Evaluación y Certificación (dependiente de la SSP y el Colegio Estatal de Policía) por parte del gobierno federal, ni tampoco ha alcanzado el objetivo del 100 por ciento tocante a la aplicación de exámenes de control y confianza al mismo porcentaje de elementos policíacos municipales. No obstante su “mano izquierda” (y mejor socialización que Menchaca Arias), el único sostén de Herrera Chávez al frente del Consejo Estatal de Seguridad Pública sigue siendo su amistad con el gobernador Marco Adame Castillo.
De todo lo antes expuesto en materia de prevención del delito se desprende que la 24ª. Zona Militar haya virtualmente desplazado a las autoridades estatales de seguridad pública en la guerra contra el crimen organizado, a veces cometiendo aberrantes abusos y violaciones al marco constitucional. Y aún así, dentro de unos días llegarán a Morelos alrededor de 40 millones de pesos (dentro de una partida de 100 millones de pesos en total) para comenzar la integración de la Policía Estatal Acreditable, con la adscripción de 422 nuevos agentes. A ver.
A reserva de consolidar la legitimidad de su régimen y preservar los elementos de la gobernabilidad, el gobernador Marco Adame Castillo deberá blindar su administración, a partir de febrero próximo, frente a quienes, en forma advenediza, buscarán obstruirle el camino hacia la culminación del régimen. Se acerca el comienzo de importantes proyectos de infraestructura, que los retrógradas de enfrente buscarán convertir en “obras electoreras”. Ni modo: la política no conoce escrúpulos.
