¿Complot sobre MMG?
La empresa regiomontana Promotora Ambiental, S.A., mejor conocida por las siglas PASA en alrededor de 45 ciudades de la República Mexicana donde opera o ventila litigios con autoridades municipales, reportó a finales del año pasado, ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ingresos de 2 mil 410 millones de pesos por sus servicios otorgados en torno a la recolección, el traslado y el confinamiento de desechos sólidos. Empero, posee otras seis filiales dedicadas a rubros diferentes que le reditúan mayores utilidades. Desde su llegada a Cuernavaca a finales de 2006, en plena crisis de la basura, advertimos que estaba ubicada entre las más importantes emisoras dentro del mercado accionario mexicano.
El centro corporativo del consorcio se localiza en Monterrey y el presidente de su Consejo de Administración es Alberto Eugenio Garza Santos, de sobra conocido en ámbitos financieros nacionales y extranjeros. Sobra mencionar la influencia política que posee el grupo en cualquier lugar de la República Mexicana. Varias de las familias más poderosas de Nuevo León tienen parientes adscritos al mismo Consejo de Administración. Sin embargo, para quienes constituyen su amplia gama de accionistas no es trascendente el predominio que pudiera tener sobre el sector público (sus principales clientes son instituciones de los tres niveles de gobierno), sino los factores de riesgo dentro de un contexto tan volátil y sensible como lo es el mercado de valores.
Tal como siempre lo ha hecho con otros informes anuales de resultados y respecto a su estado financiero con el cual cerró 2010, PASA plasmó los “riesgos relacionados con la revocación y prórroga de concesiones”. Textualmente indicó: “PASA depende de concesiones para prestar servicios de recolección doméstica a municipios y en algunos casos también para llevar a cabo la construcción y operación de rellenos sanitarios. Las concesiones para prestar los servicios de Recolección Doméstica o para la construcción y operación de Rellenos Sanitarios, contienen diversas causales de terminación anticipada y la facultad del municipio para darlo por terminado unilateralmente (ojo con este concepto). Asimismo, el plazo de las concesiones oscila entre uno y veinte años, y pueden ser prorrogadas por términos iguales a solicitud de PASA, siempre y cuando sea autorizado por el municipio en cuestión. En virtud de lo anterior, PASA depende de los municipios para mantener sus concesiones o para prorrogar las mismas. Aún y cuando PASA ha cumplido en forma sustancial sus obligaciones bajo los contratos de concesión, PASA no puede garantizar que los mismos no serán terminados anticipadamente o que los mismos serán prorrogados a su terminación. La revocación de una Concesión por causas imputables a PASA, podría tener como consecuencia la inhabilitación de PASA para participar en procesos de licitación, invitación restringida o adjudicación directa promovidos por los municipios. Si las Concesiones son revocadas o no son prorrogadas, el crecimiento, los resultados de operación y la situación financiera de PASA podrían verse afectados significativamente”. Ni qué decir sobre el capítulo dedicado a los “cambios en las políticas del gobierno federal, estatal o municipal”, donde prevé que algunas autoridades pudieran inconformarse por sus tarifas y revocar concesiones. ¿Les suena a ustedes conocido el tema? Sigamos.
PASA es un monstruo financiero y por lo mismo identifica las variables impredecibles que acarrean las transiciones políticas y administrativas. Así lo confirmó en 2009 cuando los emisarios de Alberto Eugenio Garza Santos buscaron persuadir al recientemente entronizado alcalde priísta de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, para evitar la revocación de la concesión (conseguida durante una gestión panista en 2006) por sus altas tarifas, sin conseguirlo. La viril posición asumida por el novel edil gestó un litigio judicial que, obviamente, se volvió político debido a que Martínez Garrigós escaló peldaños hasta tornarse un aspirante con peso específico a la gubernatura morelense. Con una actitud revanchista, PASA se aliaría a grupos de presión adheridos al partido gobernante y a detractores del edil que, a partir del inicio de la actual administración municipal, no consiguieron mantener las millonarias prebendas del pasado.
Todos los procedimientos jurídicos emprendidos por PASA han sido bastante difundidos, así como la defensa del Ayuntamiento de Cuernavaca. El primer paso dado por el consorcio ocurrió en Monterrey, donde tiene influencia en ámbitos jurisdiccionales específicos (al buen entendedor pocas palabras). Ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa tramitó un amparo por actos que asumió la comuna cuernavaquense, consiguiendo la suspensión provisional y después la definitiva. Empero, la resolución básicamente ordenaba que no le fueran cancelados el título de concesión y los pagos. El mismo juzgador sobreseyó más tarde el juicio de garantías por considerar que el contrato y la concesión de recolección de basura vinculan exclusivamente a particulares, lo que motivó una causal de improcedencia del mismo juicio (esta resolución fue impugnada por PASA y se encuentra en vías de resolución).
Paralelamente, el grupo argumentó que la comuna de Cuernavaca violó la suspensión definitiva porque suspendió el pago, pero el mismo juzgador resolvió que no había violación básicamente porque “se atendió a un bien primordial que era la salud de los gobernados y porque en el título de concesión PASA se compromete a que bajo ninguna circunstancia deberá suspender el servicio, adicionalmente de que no se demostró fehacientemente que el pago se haya suspendido intencionalmente”. Esta resolución fue motivo de queja por parte de la empresa ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Monterrey, el cual resolvió ordenar la reposición del procedimiento y que el juez de Distrito recabara pruebas suficientes para normar su criterio.
Y así lo hizo en acatamiento a dicha resolución, pero declaró la reposición del procedimiento, amén de que remitió por incompetencia el asunto al Juzgado Primero de Distrito con sede en Cuernavaca (soltó la papa caliente), quien por turno conoció el delicado asunto. Esta demarcación judicial federal dio curso a la queja, aceptó su competencia y el 13 de noviembre de 2011 la declaró fundada y procedente, señalando que sí fue violada, por parte del presidente municipal de Cuernavaca, la suspensión definitiva otorgada por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey, al haber suspendido el pago por la prestación del servicio. Empero, el Ayuntamiento interpuso el 17 de noviembre del año pasado otra queja (expediente 93/2011) ante el Primer Tribunal Colegiado con sede en Cuernavaca, en contra de la resolución del Juzgado Primero de Distrito, la cual fue admitida y declarada procedente un día después.
El asunto le fue turnado el 29 del mismo mes al magistrado ponente Mario Roberto Cantú Barajas y fue abordado anteayer por el Primer Tribunal Colegiado, emitiéndose una sentencia a favor del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, la cual deberá aparecer en estrados durante la semana próxima, así como en el portal de internet respectivo. La defensa de PASA, con relación al mismo tema, ha argumentado que MMG consiguió un “amparo” en suspensión provisional, lo cual es falso de toda falsedad, pues el amparo es distinto a la queja. No soy abogado, pero es muy probable que los magistrados hayan resuelto tal como lo hizo al comienzo de este berenjenal el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey, debido a que el edil privilegió la atención a la ciudadanía, lo cual PASA, insisto, sabe perfectamente. Así lo deducimos luego de leer el capítulo de “riesgos relacionados con la revocación y prórroga de concesiones”. ¿PASA forma parte del complot para afectar a Martínez Garrigós y meterse al juego por la gubernatura marcando la agenda política de Morelos? Sí. Lo lamentable es que se prestó al juego de chantajistas profesionales. En fin.
