* Policías: sucumben ante el dinero.
El 19 de junio de 2008 surgió en Guadalajara un hecho que trascendió inmediatamente entre los miembros de todas las corporaciones policíacas mexicanas, pertenecientes a los tres niveles de gobierno. Me refiero al ataque con granadas en una comisaría, que tuvo como saldo un policía muerto y dos heridos.
El hecho estuvo a punto de pasar inadvertido o formar parte de las estadísticas con respecto a la lucha del gobierno federal y varios mandatarios estatales en contra de la delincuencia organizada, pero no fue así debido a la participación de ex miembros y soldados en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional en los hechos.
Antes de continuar, déjeme decirle a usted que la violencia, allá y entonces, había cobrado la vida de más de mil 700 personas durante el primer semestre de 2008, cifra muy superior a la de todo el año 2007, cuando el resultado de esta guerra fue de 2 mil 700 personas acribilladas. Este fenómeno era consecuencia del despliegue de decenas de miles de soldados y agentes federales por las zonas más conflictivas del país, pero también porque los cárteles del narcotráfico estaban fragmentándose con células que buscaban su consolidación en espacios más rentables de la República Mexicana. El objetivo ha sido y es el de controlar al máximo posible el flagelo del narcotráfico, que es una de varias ramificaciones de la delincuencia organizada. Empero, propios y extraños sabemos que la guerra declarada por el gobierno federal en diciembre de 2006 al crimen organizado, a estas fechas, ha dejado como saldo más de 28 mil muertos.
Una efectiva investigación de la Procuraduría General de la República, en coordinación con policías estatales de Jalisco, derivó el 19 de junio de 2008 en la aprehensión de cuatro personas involucradas en el ataque con granadas. Se trató de dos militares en activo y dos desertores del Ejército Mexicano. Con ellos sumaban ocho personas detenidas y vinculadas al atentado.
Gerardo Hernández Santiago e Ismael Fabián Carmona fueron los elementos en activo del VII Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Jamay, localidad jalisciense. Los desertores eran Teódulo Rivera Castañeda y Miguel Antonio Báez Enríquez. Éste último fue el que nos llamó más la atención, pues se le señaló como la persona al mando de la operación y que formó parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), una unidad de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En esta parte de la columna es importante referirse a los antecedentes del tristemente célebre Gafes, surgido (teóricamente) “frente a los rápidos y constantes cambios geopolíticos, económicos y sociales del mundo cada vez más globalizado”. “La modernización de las Fuerzas Armadas es un objetivo prioritario”, versaba una página de internet de la Sedena, donde se explicaba el objetivo del Gafes. “Las fuerzas especiales se iniciaron en nuestro Ejército y Fuerza Aérea en 1986, con la creación de un Grupo Especial que se denominó ‘Fuerza de Intervención Rápida’, cambiando posteriormente su denominación a ‘Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales’”.
El Gafes nació como tal en 1994 durante el conflicto armado en Chiapas. Para 2001 fueron creados los Ganfes, que es otro grupo de élite, pero anfibio. Antes de ellos las brigadas de Fusileros Paracaidistas eran las que realizaban el “trabajo sucio”, pues tenían el mismo entrenamiento. La Marina también contaba con grupos especiales.
La propia Sedena admitió, en su momento, que algunos elementos del Gafes enviados a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para combatir al Cártel del Golfo, desertaron del Ejército y pusieron al servicio de Osiel Cárdenas Guillén sus conocimientos y habilidades para formar el grupo de sicarios conocido como “Los Zetas”. Algunos de estos desertores murieron en enfrentamientos o en ajustes de cuentas; otros fueron capturados y algunos más todavía dirigen células de esta organización delictiva. Así ocurría con el hampón aprehendido en Jalisco aquel 19 de junio de 2008.
Ante aquellas deserciones e incorporaciones de elementos del Ejército Mexicano a las filas del crimen organizado, ¿qué había y hay en el fondo? Simple: la fuerza económica de los cárteles del narcotráfico supera a la del Estado mexicano, lo cual es fácil de inferir desde el momento mismo en que las autoridades no han ganado la guerra, pero sí han padecido la infiltración de sus filas con agentes que se pasaron al bando de los malos (a costa del erario, pues).
Como muestra de las vulnerabilidades de los policías mexicanos ante el dinero del crimen organizado citaré el ejemplo de los empobrecidos policías municipales de Cuautla, que en varias ocasiones han suspendido labores buscando mejores salarios. A mediados de junio de 2008 llevaron a cabo un movimiento, consiguiendo un incremento emergente del 2%. Hoy el escenario sigue igual.
