Seguridad: largo plazo
De manera ininterrumpida el crimen organizado sigue enviando mensajes a las autoridades federales, estatales y municipales -según podemos percibir los morelenses- de la siguiente forma: “Aquí seguimos y estamos dispuestos a todo”. Hasta el momento de redactar ayer la presente columna llevábamos contabilizadas 35 ejecuciones -entre el 1 y el 15 de octubre- sobre diferentes regiones morelenses, presuntamente vinculadas a los grupos delincuenciales que se disputan el dominio de Morelos como si fuera un mercado importante para el narcotráfico, aunque nadie ignora que también lo es para la perpetración de otros delitos graves, entre ellos el secuestro, el asalto a mano armada, el saqueo a domicilios particulares, el robo de vehículos automotores y la extorsión.
Durante la campaña preelectoral y en su toma de posesión, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu reiteró que la grave problemática delictiva se resolverá en el lapso de 18 meses, lo cual empieza a ponerse en duda. Al respecto es importante subrayar que el titular del Poder Ejecutivo anunció el “rescate” de 200 millones de pesos no utilizados por el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo en tópicos de seguridad pública (absorbidos después en tiempo y forma por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público según se lo faculta la ley ante esos subejercicios) y que se destinarían a la compra de 2 mil cámaras de videovigilancia para ser colocadas a lo largo y ancho de nuestra entidad, siendo operadas a través de cuatro o cinco centros de comando (los famosos C-4). Empero, Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno, informó ayer que Ramírez Garrido Abreu está gestionando ante el gobierno federal la consecución de 900 millones de pesos (no 200) para la adquisición e instalación de esos aparatos y el establecimiento de los C-4 respectivos.
Mientras son peras o manzanas, es normal que la ciudadanía se haga las siguientes preguntas: ¿Cuándo se resolverá la problemática de inseguridad pública que, según las apariencias, se encuentra al alza? ¿Servirá de algo haber colocado a la maestra Alicia Vázquez Luna (de conducta intachable) al frente de la conflictiva Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuya principal característica es el precarismo? ¿Habremos de esperar el periodo de siete años advertido en abril del año pasado (durante una conferencia internacional sobre combate al narcotráfico, desarrollada en Cancún) por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal? ¿Será la Policía Única (o Acreditable) la panacea? Para responder lo anterior me referiré una vez más a la columna publicada por “La Unión de Morelos” el 3 de septiembre de 2010, donde hice alusión a Eduardo Guerrero Gutiérrez, profesor e investigador de El Colegio de México, quien fue el autor del ensayo titulado “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, difundido por la revista Nexos correspondiente a agosto del mismo año. El experto analizó los cuatro principales objetivos de la guerra declarada en enero de 2007 por el gobierno federal en contra del crimen organizado y su avance hasta aquel momento. Dichos objetivos, en términos generales, fueron: 1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. Y 4. Recuperar los espacios públicos.
Debido a los límites de espacio, hoy me referiré solamente a las consideraciones de Guerrero Gutiérrez sobre el objetivo de desarticular las bandas delincuenciales. Basado en información de la ONU y agencias de seguridad y justicia estadounidenses, señaló que “la política de desarticulación de cárteles (tal como lo concibió y ejecutó el gobierno mexicano) tuvo tres efectos indeseados: generar o exacerbar los ciclos de violencia; multiplicar el número de organizaciones criminales; y extender la presencia de éstas en nuevas zonas del país”. Agregó: “La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos territorios por las organizaciones criminales”. Así fue amables lectores. Actualmente todos los estados del país (salvo Tlaxcala) registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007 la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más. Ramificaciones de los Zetas, el cártel del Pacífico Sur (derivado de organizaciones sinaloenses) y células surgidas bajo los auspicios de La Barbie lograron establecerse velozmente en 19, cinco y cuatro estados respectivamente. Lo que ocurre hoy en Morelos tiene relación con lo anterior (esta entidad y Guerrero enfrentan problemas parecidos, debido al reacomodo de células provenientes de La Barbie y los Beltrán Leyva). El gobierno avanzó también en el objetivo de desarticular las bandas criminales. Es decir, los capos fueron detenidos o aniquilados después de “meses de trabajo” de inteligencia, pero esas acciones generaron olas de violencia interminable. Según se aprecia, el supuesto descabezamiento de grupos propició el nacimiento de nuevas organizaciones.
Sobre los cuatro principales objetivos de la guerra declarada por Calderón en enero de 2007, el experto Eduardo Guerrero Gutiérrez añadió: “Parecen objetivos vinculados lógicamente entre sí, de modo que lograr algunos contribuye a alcanzar los otros. Por desgracia, no es el caso. Son objetivos muy amplios, muy ambiciosos y se estorban entre sí. Para empezar, tienen horizontes temporales distintos. El fortalecimiento institucional y la disminución del consumo de drogas son esfuerzos de largo aliento, que tardan uno o dos lustros en arrojar resultados. Desarticular cárteles y recuperar espacios públicos, en cambio, son objetivos que pueden cumplirse en uno o dos años, pero no son duraderos si persiste la anomia (disfunción) institucional, es decir, si no se cumple primero el objetivo de largo plazo de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”. Efectivamente, estimados lectores. El gobierno federal ha avanzado en su amplia agenda de fortalecimiento institucional. Ha invertido mucho dinero en crear una policía federal más profesional y mejor equipada. Ha mejorado la infraestructura tecnológica y administrativa para elevar las capacidades de inteligencia de las agencias. Ha planteado ambiciosas reformas legislativas en las áreas de seguridad pública y justicia penal. Pero estos trabajos de reforma institucional no han tenido, ni podrían tener, una incidencia directa e inmediata en lograr el resto de los objetivos de la estrategia. Ya se ha dicho: las reformas institucionales tardan lustros, incluso décadas, en madurar y arrojar resultados tangibles. En fin. Tocante a los ciudadanos morelenses, ¿nos faltarán 17 meses y medio para ver resultados? Desde el viernes hasta ayer los demonios siguieron sueltos.
