* Jubilaciones: enorme carga.
El 26 de febrero escribí lo siguiente: “Durante los movimientos de presión organizados para sabotear la obra en la avenida Morelos destacó alguien en particular. Así, varios comunicadores sociales se preguntaron: ¿Qué hace en el grupo opositor el ex diputado del Partido Nueva Alianza y ex secretario general de la Sección 19 del SNTE, Víctor Benítez Quintero?”.
“Sobre este personaje es importante recordar que durante décadas abrevó del PRI, instituto político al que ahora repudia. Atrás quedaron los años de su formación profesional, al amparo de sus conexiones políticas y bajo el cobijo de varios gobernadores, entre quienes destacaron Lauro Ortega Martínez y Antonio Riva Palacio López”.
“Si dejó de pertenecer al PRI esto se debió a que la maestra Elba Esther Gordillo, sempiterna dirigente del SNTE, decidió crear el Partido Nueva Alianza exigiendo absoluta fidelidad a un círculo cercano de colaboradores, incluidos varios dirigentes seccionales. Víctor Benítez Quintero era allá y entonces una figura relevante dentro del Sindicato hoy dirigido por Luis Manuel Rodríguez Olvera y representado en Morelos, por parte del Comité Ejecutivo Nacional, por el maestro Moisés Armenta Vega”.
“Cuando inició el movimiento de ruteros contra Martínez Garrigós había pocas respuestas en torno a Benítez Quintero, pero conforme pasaron los días trascendió que ya no le interesa la carrera magisterial por poseer seis concesiones del servicio público de pasajeros con itinerario fijo, adscritas a la organización Rutas Unidas de Cuernavaca”. Hasta aquí la columna del 26 de febrero.
Días después -el miércoles 2 de marzo- Benítez Quintero fue uno de los permisionarios que más gritó en la mesa del diálogo concertada por el gobierno estatal en el hotel Argento, de la colonia Reforma (en Cuernavaca), y presidida por Javier Bolaños, subsecretario de Gobierno. Varias veces espetó a los representantes municipales: “¡Ya, hablen claro! ¿Cuánto tienen?”, en referencia a la demanda económica hecha un día antes por Dagoberto Rivera Jaimes y Aurelio Carmona al Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de lograr el cobro anticipado de 400 pesos diarios por ruta, cantidad que multiplicada por mil unidades, hubiera generado un gasto de 400 mil pesos cada día que durase la obra. Así, en 90 días los ruteros pretendían la jugosa cantidad de 36 millones de pesos, que la comuna cuernavaquense se negó rotundamente a pagar.
“¡Yo no soy ningún mercenario!”, le respondería un airado comerciante de la avenida Morelos a Benítez Quintero. “Estoy aquí por la convicción de que Cuernavaca requiere una mayor planificación. Si usted busca dinero fácil, no cuente con nosotros”. El ex diputado local del Panal enmudeció, aunque días después seguía participando en la gestación de otro movimiento de oposición a la obra sobre la avenida Morelos. El objetivo de los sempiternos líderes de ruteros sigue siendo el mismo: conseguir algo a cambio de permitir el avance normal de la obra, aunque públicamente niegan estar presionando al gobierno municipal por dinero, lo cual es falso de toda falsedad. En fin.
Cambiando de tema me referiré parcialmente a una nota publicada por este diario el domingo 13 de marzo. El secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Alejandro Villarreal Gasca, confirmó que fueron instalados los Comités de Vigilancia y los Grupos de Trabajo de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, cuya coordinación recae en Morelos. Asimismo, nuestra entidad estará a la cabeza del Grupo de Ingresos, donde, a través de un Subgrupo específico, se analizará la grave problemática que representan las pensiones y jubilaciones, acción en la cual también intervendrán Jalisco y Sinaloa.
Nuestra entidad no es ignorante sobre la descomunal carga que representan las pensiones y jubilaciones. El 10 de marzo de 2005 este columnista escribió lo siguiente: “Cada año, conforme se acercan los días para analizar el paquete financiero del gobierno estatal, surge un debate oportunista y electorero en torno a los altos sueldos de la burocracia dorada del sector público y sus excesivos aguinaldos. Sin embargo, el problema de fondo y sus posteriores perjuicios al erario no es tan simple, pues por un lado tenemos la falta de parámetros para medir la eficiencia de funcionarios públicos y de elección popular, y por otro el creciente problema -de dimensiones inimaginables- respecto al presupuesto anual destinado a las jubilaciones. De hecho, el tema de los aguinaldos no es tan trascendente ante la sangría presupuestal provocada por los altos salarios y su repercusión en las pensiones. Este tema es grave e involucra la simulación o farsa de muchos funcionarios públicos que no desean ver disminuidos sus ingresos y ensordecen cuando se debate el tema ante los medios”.
“Tal como se repite con los diputados locales, las propuestas llegan a cierto límite, pero nunca afectando la desproporción salarial que, a largo plazo, redituará jugosas jubilaciones. Ejemplos de ello hay muchos; de quienes se jubilaron percibiendo hasta 75 mil pesos mensuales”. Todo se relaciona con el inequitativo artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
Por su parte, el Presupuesto de Egresos 2011 del gobierno estatal contempla el pago de 66 millones de pesos para jubilados federalizados; 130 millones más para jubilados, y casi 81 millones de pesos para pensionados.
