Las marchas: a romper paradigmas.
No tengo la mínima idea de quien sea la maestra Karolina (con K) Monika (con K) Gilas, pero un boletín expedido ayer por el Instituto Estatal Electoral de Morelos (IEE) indica que es investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de largo es su nombramiento.
El comunicado en mención plasma parte de una conferencia sustentada por dicha fémina en el Curso de Actualización en Materia Electoral, impartido bajo los auspicios del IEE, cuyo presidente es Oscar Granat Herrera, cuyo esfuerzo por lograr una mayor capacitación del personal a su cargo es encomiable; pero me parece que la señora Karolina vive fuera de México, quizás en un país europeo, donde las condiciones democráticas son altamente superiores a las nuestras. O quizás, porque se trata de alguien comprometido con la “vida institucional” mexicana, es forzada a ponderar el mediocre papel de los partidos políticos en la vida nacional. Desglosemos.
La maestra Gilas indicó que “México cuenta con un sistema de partidos fuerte y consolidado, que garantiza formas de acceso al poder para todos los ciudadanos y su sana participación en los procesos electorales”. Lo anterior, añadió, “a pesar de que muestre deficiencias que lo señalen como susceptible de ser mejorado y de que debamos trabajar siempre por perfeccionarlo”.
Con cierto toque realista, la experta admitió que hoy en día “los partidos políticos se ocupan más en promover su imagen que la ideología de cada uno de los institutos políticos o de quienes postulan para los diferentes cargos de elección popular”. “También existe un reconocimiento generalizado de los partidos políticos como entidades negativas, pero también son calificadas como necesarias e inevitables para evitar el regreso de regímenes autoritarios o totalitarios”.
En cristiano, amables lectores, la funcionaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende ser crítica frente a la absoluta realidad de los partidos: como que los golpea, pero a la vez los acaricia, ante una sociedad mexicana que, sin titubeos, rechaza todo lo que huela a políticos, politicastros, politiqueros, politiquillos y politicones. Y ni qué decir tocante a su opinión en torno a los partidos como “entes” de representación social o instituciones de interés público.
Para confirmar mi posición basta echar un rápido vistazo al deplorable papel asumido durante las recientes semanas por senadores y diputados federales con respecto a la ley laboral, de seguridad nacional, la reforma política y otros asuntos más de carácter legislativo, así como a las pifias cometidas, entre otros personajes, por el presidente del CEN del PRI, Humberto Moreira, quien desde su toma de posesión hace apenas unas semanas se ha dedicado a promoverse como un pésimo bufón. Moreira supone que divierte a los mexicanos, pero se equipara con Vicente Fox (en cuanto a ser dicharachero) y, la mera verdad, no pasa del ridículo. Pero ese será tema de una columna posterior.
En tiempos mutantes y de cólera frecuente, con movilizaciones sociales independientes y emergidas de manera espontanea debido a los desatinos de la clase gobernante, es necesario reflexionar sobre la supuesta representatividad de los partidos. No es difícil concluir en que cualquier “instituto político” está lejos, muy lejos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre su función.
Efectivamente, el artículo 41 de la Carta Magna, inciso uno, señala que “los partidos políticos son entidades de interés público”, y que “la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral”. Asimismo, la teoría indica que “los partidos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo” (Duverger). Obviamente, para cumplir su misión los partidos reciben cifras multimillonarias, de recursos públicos, que se pagan a través de puntuales ministraciones. Sin embargo, actualmente existe en México una crisis de representatividad de los partidos y, por tanto, un problema de las relaciones entre electores y representantes. Lo ocurrido en últimas fechas en el Poder Legislativo federal expone la distancia que existe entre las posiciones de los supuestos representantes partidarios y los anhelos e intereses del electorado.
Este es el tema más importante en la actual etapa histórica de México. Los partidos políticos y sus representantes en el ámbito legislativo dejaron de interpretar adecuadamente las demandas sociales y no constituyen un nexo de comunicación adecuado entre el subsistema social y la sociedad política. La esencia de las marchas que partirán el jueves hacia la capital mexicana (teniendo como epicentro a Cuernavaca), es esa: denunciar que en México no existe un sistema parlamentario de carácter democrático, sino un sistema electoral no representativo que cumple los designios de partidos excluyentes y donde el autoritarismo y las lealtades personales son las que se imponen.
Para que los partidos puedan recobrar su legitimidad deben, en primer lugar, castigar a los miembros de su clase política, encontrados culpables de manejos oscuros con el poder que les confió la comunidad. Y luego aplicar a cabalidad el estado de derecho. ¿Es mucho pedir?
