* Estados alterados en el Congreso local
La mera verdad, no entiendo los procedimientos tácticos de quienes integran el bloque opositor en el Congreso del Estado. Me refiero a los detractores del Poder Ejecutivo, a quienes se sumaron anteayer los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), comandados por Luis Miguel Ramírez Romero, dentro de lo que hoy pudiéramos considerar como “fuego amigo”.
Reiteradamente he comentado que los hechos violentos acaecidos en Morelos durante las recientes semanas sirven para exacerbar el golpeteo de dicho bloque en contra del gobernador Marco Adame Castillo. Así las cosas, nuestros ínclitos diputados locales asumen una actitud solidaria cuando se encuentran frente al mandatario, pero antagonista al retornar a su feudo de poder omnímodo: la sede del Poder Legislativo. Hoy amanecieron con una condición bien definida para enfrentar al crimen organizado, pero mañana quién sabe. Si algo grave ocurre este fin de semana tocante a la seguridad pública, adoptarán una posición beligerante, pero si llegamos al lunes sin novedad, procederán de manera contraria. Son volubles, pues.
Un apretado resumen define a los grupos de presión como “organizaciones de la esfera intermedia entre el individuo y la sociedad en las que se manifiesta un cierto interés que adquiere relevancia política”. La función esencial de los grupos de presión consiste en influir en las instancias adecuadas para conseguir la determinación de una política que favorezca a sus intereses. Hoy, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el bloque opositor del Congreso morelense se conduce al igual que un grupo de presión, cuando deberían coadyuvar con una institución de profundo interés público. Los legisladores siempre proceden a utilizar la persuasión para reclamar reivindicaciones presuntamente justas. Su estrategia busca constituir un expediente y defenderlo, siendo el método favorito de quienes aspiran a tener o dicen tener “respetabilidad”. También se les conoce por su frecuente protagonismo.
Dentro de este escenario se enmarca el desplegado difundido este viernes por el Congreso del Estado a través de los medios locales impresos, cuya esencia fue emitir una advertencia al jefe del Poder Ejecutivo respecto al concepto de “omisión”. Nadie ignora, dentro y fuera del Poder Legislativo de nuestra entidad, que ahí subsisten varios personajes interesados en sabotear cualquier esfuerzo del gobierno estatal en la difícil responsabilidad de combatir o controlar a la delincuencia organizada. Eso de que “nosotros no somos omisos” porque “hemos avanzado o conseguido” un montón de cosas, representa un deslinde frente a Marco Adame Castillo, quien ayer, una vez más, demostró lo contrario al traer a Morelos a todo el gabinete de seguridad nacional de este país, ante la presencia de los protagónicos diputados locales.
Efectivamente. Una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, presidida por Adame y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la cual se desarrolló en un conocido hotel de Jiutepec (convertido ayer en el “bunker” más seguro a nivel nacional), sirvió para decantar posiciones.
Por un lado se dieron cita, al lado de Gómez Mont, los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y el de Seguridad Pública Federal, así como el procurador general de la República, a fin de transmitir un mensaje a la sociedad morelense en el sentido de que no volverá a sufrir “ningún fin de semana más en sicosis”, similar al anterior, cuando los morelenses fuimos objeto de una burla por parte de algún loco a través de las “redes sociales”. Y por el otro lado estuvieron nuestros ínclitos diputados locales, con quienes Gómez Mont charló en privado, desde luego dándoles información (hasta cierto límite) sobre las recientes operaciones implementadas por el gobierno federal a fin de desmembrar más células criminales arraigadas en Morelos. No dudo que ahí se haya comentado la aprehensión de José Gerardo Alvarez Vázquez (“El Indio”), un peligroso narcotraficante que buscaba extender el trasiego de drogas en nuestra entidad, a quien la Secretaría de la Defensa Nacional atribuye el clima de violencia que, durante los pasados tres meses, ha dejado una secuela de 51 personas ejecutadas.
Más allá del discurso político y la acción de determinados grupos de presión, los morelenses estamos obligados a respaldar a las instituciones mexicanas en contra del crimen organizado, haciendo a un lado la intencionalidad política de determinados personajes y la mezquindad. Sin embargo, también es necesario que las corporaciones federales procedan con prudencia y sin violentar las garantías individuales, tal como ocurrió ayer en Amacuzac. A ver.
