El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes su propuesta de “plan B” luego de que su reforma electoral fuera rechazada en el Congreso, y anunció que será enviada al Senado.
Según la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la iniciativa busca reducir los privilegios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales y órganos electorales, además de establecer un tope de entre siete y 15 regidores por municipio y limitar los presupuestos de los congresos locales.
Los recursos ahorrados serían destinados a obras públicas en municipios y estados.
La propuesta también plantea que los consejeros del INE, magistrados y altos funcionarios electorales no perciban más que la presidenta, eliminar bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales, y reducir progresivamente el gasto del Senado hasta un 15%.
Se prevé que la revocación de mandato se pueda realizar en 2027 o 2028. Asimismo, se modificarían la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, para fijar topes salariales a los funcionarios electorales, iniciar los cómputos federales tras concluir la jornada electoral y permitir convenios para fiscalizar partidos y candidaturas.
La iniciativa también incluye que los dirigentes de partidos transparenten sus remuneraciones, los partidos reporten sus operaciones financieras en tiempo real y se prohíban los recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y fondos provenientes del extranjero.
