Resulta triste conocer que por negligencia o de manera intencional, los integrantes de la anterior Legislatura concedieron la impunidad a ex alcaldes, regidores y diversos funcionarios que incurrieron en desvío de recursos públicos.
No se ha dicho el monto de dinero que se perdió porque prescribió la acusación, pero es evidente que haber permitido tal cosa es un delito.
Para colmo, los ciudadanos han pagado esa acción criminal, ya sea por la vía de menores servicios o la carencia de obras públicas, o incluso el incremento en la carga impositiva.
Como sea, tal conducta merece un castigo severo.
