Definitivamente ninguno de los cambios estructurales introducidos en la Constitución General de la República para convalidar la llamada reforma energética ha sido en beneficio del grueso de los ciudadanos.
Pensar que puede acarrear mayores consecuencias a las entidades del país no es tan errado, porque difícilmente el daño se limitará a los desmedidos aumentos en el precio de los combustibles.
Más vale analizar la letra pequeña de las reformas y prepararse para lo que pudiera venir, aunque por el carácter dilatorio de los mexicanos no sería raro que todo eso prevenible nos llegara de repente como sorpresa.
