José Antonio Lechuga Morales mató a tres personas el pasado 17 de junio. Y ya está libre, como lo sabemos desde hace varios días. También sabemos que no tuvo que arriesgar su vida en una fuga peligrosa del penal de Atlacholoaya, donde lo recluyeron luego del triple homicidio. No. Salió caminando por la puerta de salida, como se debe.
La ley le dio la oportunidad de pagar a los deudos de sus víctimas y con esto recuperar su libertad. Es indignante y suena inmoral, pero es legal. Repito: la ley lo permite.
Lo mismo pasa a la hora de sancionar a los funcionarios públicoo el dinero y los recursos que tienen bajo su responsabilidad o cuando los usan para obtener beneficios indebidos.
Adicional al agravante de que ni la Contraloría estatal ni el Órgano Superior de Fiscalización (o como se llama la cosa esa) persiguen a los infractores, hay que sumar a los motivos de indignación el hecho de que las leyes son laxas con éste tipo de delitos.
O están llenas de pequeñas trampas que permiten escapar a los corruptos.
Y el colmo es que esas personas deshonestas se empeñen en pasar por honradas. Porque ante la ley están limpios, pero la ley está hecha precisamente, para adecentarlos, darles lustre y -sobre todo- una infinita, indomable, maternal y férrea protección.
Por eso se han acabado a Morelos, por eso los Ayuntamientos deben hasta la camisa.
El primer ejemplo no es muy diferente de los demás que cité. Por triste e indignante que suene.
