* Pactos políticos, poder y dinero.
El gobernador Marco Adame Castillo aceptó ayer la convocatoria hecha el 31 de enero por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Julio Espín Navarrete, para lograr un “pacto de civilidad y congruencia política” rumbo a las elecciones de 2012 y, además, encontrar mecanismos de “sana convivencia” durante 2011, cuando habrán de aplicarse cuantiosos recursos en la construcción de nueva infraestructura y la consolidación de programas sociales a veces catalogados como “electoreros”.
Al comenzar el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LI Legislatura morelense, Espín señaló que dicho “pacto” es necesario para “recuperar la confianza en la democracia y las instituciones de nuestra entidad”. Agregó que la firma del “gran acuerdo” servirá para el diálogo y comunicación entre los tres poderes del estado, los actores políticos, los legisladores federales y locales, así como representantes de todas las corrientes políticas, las organizaciones civiles, los empresarios, los sindicatos, las universidades y los ayuntamientos. En un documento, indicó el bien intencionado legislador priista, se establecerán los objetivos y compromisos con la sociedad. Etcétera, etcétera.
A nueve días, el jefe del Ejecutivo aceptó la propuesta, mientras cuatro presidentes municipales emanados del PRI, cuyos nombres aparecieron en una supuesta libreta encontrada el miércoles 19 de enero por el Ejército Mexicano a criminales organizados, acudieron ayer a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), al parecer acompañados por el propio Adame Castillo, a fin de exigir al titular del ramo, Arturo Chávez, una explicación al respecto. Me refiero a los alcaldes de Tlaltizapán, Ennio Pérez Amador; Puente de Ixtla, José Moisés Ponce Méndez; Tlaquiltenango, Jorge Martínez Urioso, y el de Jojutla, Enrique Retiguín Flores. Asimismo, la necesidad del mentado “pacto” volvió a surgir tras una inédita declaración hecha anteayer, durante la inauguración de un pozo en Ahuatepec, por el alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, quien, sin ningún empacho, advirtió sobre una nueva campaña de ataques en su contra auspiciada por personajes vinculados al Partido Acción Nacional. Señaló: “Les tengo una primicia. Verán ustedes los espectaculares, obviamente (auspiciados) por Acción Nacional. Yo a lo que invito a los actores es a trabajar por la ciudad. Lo más importante es que los políticos hagan política y que los dirigentes partidistas se dediquen a hacer política. Nosotros, que tenemos un compromiso gubernamental, debemos dedicarnos a hacer lo nuestro. De mi parte no voy a hacer caso, pero ustedes verán los spots en radio y televisión; verán gallardetes y lonas en las calles, pero nada de eso reflejará lo que realmente estamos haciendo”. Hasta aquí la referencia a lo dicho por Martínez Garrigós.
El 16 de junio de 2009, unos días antes de las elecciones intermedias de 2009 (desarrolladas el 5 de julio), escribí lo siguiente: “A partir del primero de septiembre, el gobernador Marco Adame Castillo podría empezar a enfrentar un escenario diametralmente opuesto al actual. Hoy dispone de un Congreso donde la habilidad de Oscar Sergio Hernández Benítez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Junta Política y de Gobierno, ha sido definitiva para alcanzar la mayoría absoluta en momentos cruciales. Dentro de un contexto adverso, Adame Castillo tendrá que retomar sus convicciones democráticas y reconocer en los antagonistas políticos, no a entes susceptibles de ser eliminados, sino a eventuales aliados para la consecución del bienestar integral de los morelenses. No tendrá de otra. Y las mismas circunstancias prevalecerán si la sociedad decide sacar del poder municipal a determinadas administraciones panistas, como probablemente ocurrirá en Cuernavaca, donde los principales asesores de Manuel Martínez Garrigós, abanderado del partido tricolor, diseñan proyectos de infraestructura ‘conjuntos’, con recursos del erario municipal, del gobierno estatal y, desde luego, mediante programas de coordinación fiscal con la Federación”.
“Pero a pesar de su propensión al diálogo y los acuerdos, Adame Castillo ha sido el blanco de sistemáticos ataques por parte de los politicastros del PRI y el PRD, ante lo cual surge la inevitable pregunta: ¿Con quién o quiénes pactará el anhelado acuerdo de coexistencia pacífica una vez conocidos los resultados de la jornada electoral del 5 de julio?”. Hasta aquí la referencia a la columna del 16 de junio de 2009 que, según observamos, sigue vigente.
Hoy se vuelve a hablar de un pacto que, en serio, podría quedar en vana palabrería pues, desde la alternancia del poder en el año 2000, hasta ahora, los morelenses hemos atestiguado una inestable arena política caracterizada por la falta de honor a los pactos, prevaleciendo el ansia de poder y dinero.
