El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos. La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales. Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmá...