La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala impacto negativo en estudiantes ante la medida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades educativas a revisar la decisión de recortar el ciclo escolar, porque esta medida emergente y temporal sólo traslada la carga de las obligaciones públicas a las familias e impacta negativamente en los derechos de niños y adolescentes.
Mediante un comunicado, el organismo nacional señaló que recortar al 5 de junio el fin del ciclo escolar por aumento del calor y la víspera del mundial de futbol 2026, “no ofrecen una solución duradera, eficiente ni eficaz; por el contrario, trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y las personas cuidadoras”.
Consideró que las autoridades debieron priorizar el interés superior de los niños y adolescentes y el contexto laboral de las personas a cargo del cuidado de los estudiantes, ya que la reducción del ciclo escolar impacta directamente en las rutinas de los menores, no así en los horarios de trabajo de las familias.
“Es importante tomar en consideración que dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras, provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar.
“Esta situación contradice el principio del interés superior de la niñez, pues coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral, situación que los hace propensos a presentar afectaciones en sus dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales a corto, mediano y largo plazo, como fue señalado anteriormente en el Informe Especial de ‘Impacto de la Pandemia por COVID-19 en el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en México´, publicado por la Comisión de Derechos Humanos”, resaltó.
Recalcó que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas estatales, sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas que ejercen los cuidados de niños y adolescentes, vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada.
Además de que en algunos casos las personas que ejercen los cuidados de niños y adolescentes no cuentan con redes de apoyo suficientes como para garantizar su debida protección y atención, lo cual incrementa su riesgo de sufrir diversos tipos de violencia y contraviene lo establecido en el artículo 17, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes.
“Por lo antes señalado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita a todas las autoridades principalmente a la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a generar los mecanismos necesarios para garantizar que en la emisión de disposiciones se tomen en consideración los contextos y se atiendan las problemáticas que puedan generar en su aplicabilidad. Hoy más que nunca reiteramos: la responsabilidad y obligación de garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es de todas y todas”, exhortó.
