Ampliar los plazos permitirá garantizar condiciones administrativas, presupuestales y de organización y evitar improvisaciones en un proceso inédito para la entidad, afirmó Rafael Reyes.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes Reyes, reconoció que la implementación de la reforma al Poder Judicial en la entidad podría aplazarse hasta 2028 debido a la necesidad de garantizar condiciones administrativas, presupuestales y de organización electoral para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados locales.

El legislador señaló que más que existir el riesgo de que el proceso no se realice, el reto principal es definir el momento adecuado para concretarlo de manera ordenada y con certeza jurídica.

“Todo parece indicar que podría ser en 2028 cuando estemos echando a caminar lo correspondiente a las leyes secundarias”, declaró.

Reyes Reyes explicó que el Congreso local continúa analizando la reforma judicial y los mecanismos necesarios para armonizar la legislación estatal con el modelo impulsado a nivel federal.

Indicó que actualmente existe expectativa sobre la manera en la que avanzará el proceso nacional, ya que esto permitirá definir con mayor precisión la ruta que deberá seguir Morelos para la elección de integrantes del Poder Judicial.

“Estamos en espera; estamos a punto de que se cumpla el tiempo que tenemos destinado para ello, pero todavía no terminamos de entender el caso particular de la Federación ni en qué momento se va a llevar a cabo”, expresó.

El diputado detalló que dentro del Congreso se discuten las leyes secundarias que permitirán establecer fechas, mecanismos y procedimientos para desarrollar la eventual elección de jueces y magistrados en el estado.

Asimismo, consideró que ampliar los plazos sería positivo, ya que permitiría construir una estructura organizativa más sólida y evitar improvisaciones en un proceso inédito para la entidad.

“A mí me parece que es mejor en la medida en que podamos tener el tiempo suficiente para el armado y la organización”, sostuvo.

El coordinador parlamentario subrayó que uno de los puntos centrales del análisis legislativo es la suficiencia presupuestal debido a que la implementación de la reforma judicial requerirá recursos económicos para la organización electoral y la adecuación de diversos procesos administrativos dentro del sistema judicial.