La ley del transporte obliga a los concesionarios a equipar las unidades con cámaras de vigilancia, señala el titular de la dependencia.
La iniciativa de Rutas Unidas de colocar cámaras de video en las unidades del transporte público para detectar actos delictivos con ayuda del C5 y la Policía estatal no obliga al gobierno estatal a apoyar a los transportistas con la compra del equipo de vigilancia.
“Los concesionarios están obligados, por la ley de transporte estatal, a equipar sus unidades con las cámaras de vigilancia y por ahora no hay fondos de la Secretaría de Movilidad y Transporte o del gobierno estatal para ayudar con el pago de los equipos”, mencionó David Martínez Martínez.
El secretario de Movilidad y Transporte añadió que el equipo de seguridad consta de tres cámaras internas, un botón de pánico y un geolocalizador y su costo es de 35 mil pesos, según datos del líder de Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval.
David Martínez Martínez mencionó que por ahora es un programa piloto y sólo hay una unidad de la Ruta 9 con el equipo de seguridad, y el propósito es tener una unidad de prueba en cada línea del transporte público.
Sobre las zonas del estado con más asaltos a “rutas”, el secretario de Movilidad y Transporte informó que “existe ya una estadística por parte de la Comisión Estatal de Seguridad en torno a la incidencia delictiva en el transporte público de la zona metropolitana de Cuernavaca y se cuenta ya con la información suficiente para saber los puntos principales con más delitos, el derrotero de la Ruta 9 pasa por distintos puntos detectados”.
Entre las zonas delictivas en Cuernavaca se encuentran Buena Vista, Chipitlán y la glorieta de la Luna; en Temixco, el puente del Pollo y Acatlipa, y Civac en Jiutepec.
