Sociedad

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Exigen terminar con la impunidad de funcionarios públicos

“Los servidores públicos no llegan a la cárcel”, se quejan empresarios adheridos a la AGES.

Empresarios agremiados en la asociación de grupos empresariales de la región sur del estado (AGES), manifestaron que dado el acto reiterado de funcionarios que llegan a los gobiernos municipales y de otras instancias y hacen lo que quieren, sean del partido que sean, pidieron al gobierno del estado y al Congreso que se castigue y se vigile a los actuales servidores públicos que no cumplan, así como a aquellos que ya se fueron.

“El Congreso conjuntamente con el gobernador tienen una gran responsabilidad y pueden establecer normas específicas en el cuidado y vigilancia necesaria para poder castigar a toda esta gente que ha lucrado, que ha robado, que ha engañado, y que ha defraudado a la ciudadanía”, precisó Juan David Suayfeta, presidente del órgano empresarial.

En este marco, el empresario destacó que “la inmensa mayoría de los políticos que están en un cargo público (como alcaldes, regidores, diputados, secretarios), lamentablemente han hecho lo que han querido y ejemplos hay muchísimos de todos los partidos y de todos los colores: llegan, saquean al municipio, se van y no pasa nada, y lamentablemente quienes pagamos los platos rotos somos la sociedad, las micro y medianas empresas que hacemos un esfuerzo a diario trabajando y pagando impuestos, pero no lo vemos reflejado en obras y beneficios de la sociedad, y que cuando ya no hay dinero, recurren a nuevos impuestos y es un cuento de nunca acabar que ahoga a la clase productiva, y esto nos tiene preocupados porque cada día es mayor la presión y la crisis que se vislumbra en los municipios”.

Por ello, hizo un llamado al gobernador y a los diputados, “para que se castigue a quienes cometan actos de corrupción”.

En este mismo tenor, se manifestaron hace unos días empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, quienes también pidieron al secretario del Trabajo que hiciera extensiva esta petición al gobernador para castigar a aquellos funcionarios de la administración pasada que incurrieron en actos ilegales, señalando que “nunca nadie hemos visto que algún funcionario llegue a la cárcel y esto ha hecho que la sociedad ya no crea en las instituciones; y no porque queramos que alguien esté encarcelado, sino porque las evidencias de muchos políticos en el poder, así han dado cuenta y es necesario que alguien haga que éstos paguen”, por ello pidieron al gobierno que encabeza Graco Ramírez, que no sea omiso, y apuntaron que no se trata “de una cacería de brujas, pero sí de que pague el que la debe”.

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