El próximo 28 de enero se conocerá la condena que se fije al ex auditor superior.

Un Tribunal de Juicios Orales encontró penalmente responsable al ex auditor superior Gerardo Casamata Gómez, acusado del delito de ejercicio indebido de la función pública, pues “su conducta omisa” provocó que el actual alcalde de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, no regresara al erario público nueve millones 460 mil pesos, cuyo gasto no logró comprobar.

A las 12:30 horas de ayer, en la Segunda Sala de Juicios Orales, se llevó a cabo la lectura de la sentencia redactada por la juez Bertha Vergara Álvarez, pero en esta ocasión la decisión no fue unánime (como sucede en la mayoría de las sentencias), porque el juez Martín Domínguez Casarrubias consideró que la acusación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) es “ambigua y oscura” y votó en contra del contenido de la sentencia redactada por su compañera.

Las jueces que condenaron a Casamata Gómez consideraron que éste actuó de manera dolosa para que Espín Navarrete (actual edil y aspirante a una diputación local por el PRI) pudiera ampararse para evitar con ello regresar al erario público los más de nueve millones de pesos.

“Testigos que son empleados de la Auditoría Superior de Fiscalización, con su declaración, establecieron que usted fue informado por medio de un oficio que ese expediente estaba perdido y usted no hizo nada para reponerlo”, dijo la juez Vergara Álvarez.

Desde el inicio del caso, la fiscal estableció que el ex auditor actuó de manera dolosa, es decir, que sabía que con la pérdida de ese documento Espín Navarrete no podía ser obligado a reponer el dinero faltante.

La sentencia del expediente judicial JC/146/2014 fue muy polémica, porque las jueces Bertha Vergara y Elvia Terán Peña consideraron que fue la omisión de Casamata Gómez lo que provocó la impunidad en el asunto del edil, pero el juez Domínguez Casarrubias opinó lo contrario, pues él insistió en que tendrían que haber sido el Ayuntamiento de Puente de Ixtla y la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado las autoridades responsables de exigir el cobro.

“No hay que pasar por alto que la Auditoría es un ente que audita, no que cobra, y que el imputado culminó el procedimiento y la pregunta aquí entonces es ¿por qué no se le cobró al señor Espín Navarrete y a su tesorero?”, afirmó el juez.

El asunto data del año 2003, cuando la Auditoría Superior de Fiscalización auditó las arcas de Puente de Ixtla en el primer periodo de presidente municipal de Julio Espín, detectando irregularidades en el gasto de enero a mayo.

Con el paso del tiempo el ahora aspirante a la diputación local promovió un amparo, señalando que el tiempo para devolver el dinero había fenecido, situación que fue avalada por la justicia federal.

El ex auditor en el juicio señaló que él nunca tuvo conocimiento de que el expediente se había extraviado, pero los empleados del órgano técnico que declararon ante los jueces que integran el tribunal, señalaron que sí fue informado y que se pudo evitar que el alcalde de Puente de Ixtla promoviera el amparo.

Actualmente Casamata Gómez goza de su libertad porque en enero del año pasado depositó una fianza de 250 mil pesos, pero será el próximo miércoles 28 de enero cuando se den a conocer los años de cárcel que deberá cumplir. Si la pena es superior a los ocho años, el ex funcionario puede ser recluido en el penal de Atlacholoaya.