El juez encargado se excusó de presidir la audiencia señalada para ayer.

El juez de Control del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Eddie Sandoval Lomé, se excusó para presidir la audiencia intermedia en contra del ex secretario de Administración y Finanzas de las dos administraciones panistas anteriores, Alejandro Villareal Gasca, quien junto con otros cinco ex funcionarios más fue llevado a juicio por el delito de ejercicio indebido de la función pública en agravio del gobierno de Morelos por 110 millones de pesos.

El juez Penal consideró necesario no presidir la audiencia para no caer en un conflicto de intereses, pues uno de los abogados defensores y él están en espera de la resolución de un amparo.

Por eso, al declarar iniciada la audiencia optó por excusarse y señaló que será en los primeros días del próximo año cuando su homóloga, Elvia Terán Peña (quien está de vacaciones), la lleve a cabo.

La audiencia estaba programada para llevarse a cabo este lunes 29 de diciembre en la Sala Cinco de Juicios Orales, y en la misma, la Fiscalía General del Estado (FGE), así como los defensores particulares, anunciarían las pruebas a desahogar en el transcurso de este juicio.

Los ex funcionarios panistas que enfrentarán el juicio son:  el ex secretario de Finanzas y Planeación, Alejandro Villarreal Gasca, durante las administraciones de los panistas, Sergio Estrada Cajigal Ramírez y Marco Antonio Adame Castillo, así como Juan García Avilés, ex subsecretario de Programación y Presupuesto; Rey David Olguín Rosas, quien fungió como secretario de Gestión e Innovación Gubernamental; Óscar Herrasti Real; Álvaro Conca Zea y José Jesús Ulises López González, quienes gozan de su libertad.

De acuerdo a los datos dados a conocer por la Fiscalía General del Estado, los acusados se confabularon para la contratación de “Quinto Esquema” y “Monedero Universal” y con ello poner en marcha el sistema estatal de armonización contable.

La dependencia aseguró que dicho programa no sirvió, pero sí  realizaron  pagos que generaron una afectación para el Poder Ejecutivo, de 100 millones de pesos.

La defensa de los ex funcionarios señalados ha asegurado que no se cumple con los requisitos para acreditar el hecho delictivo y que tampoco existió un dolo, elemento que consideran esencial para cometer el delito de ejercicio indebido de funciones.

Este lunes 29 de diciembre concluyó el plazo de tres meses para el cierre de las indagatorias y para recabar los elementos para continuar con el proceso.

Por lo pronto los imputados tienen como medida cautelar firmar cada mes ante el juzgado correspondiente y no salir del país, en tanto se desahogan las pruebas y se le da seguimiento al proceso.

Finalmente, ayer el juez optó por no presidir la audiencia y agregó que será su homóloga la que fije  hora y día para que ésta se lleve a cabo.