A la Sociedad Civil de Morelos y México

A los Pueblos y Comunidades de Morelos y México

Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria que lamentablemente se ha agudizado con el actual gobierno y la falta de cumplimiento de los compromisos que había hecho con ella.

Durante 2014, Morelos fue catalogado como el estado más violento del país. Durante 2015 la entidad se convirtió en el territorio de una lucha descarnada entre diversos cárteles de la delincuencia organizada, según datos oficiales reflejados en publicaciones hechas por sinembargo.mx, Proceso, El Universal, La Jornada, entre otros. En diciembre de ese mismo año se ubicó como el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestros. De acuerdo con el conteo realizado por los propios medios de comunicación de Morelos, durante los tres años de gobierno de Graco Ramírez, han ocurrido al menos 1,700 homicidios. Sólo en el mes de enero que transcurre han sucedido 33 en 25 días, cifra que supera los 25 que sucedieron en el mismo mes en 2015. 

Al horror de todas estas muertes hay que agregar el asesinato de una niña de 10 años, un niño de 13, así como el asesinato, en su domicilio, de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, apenas unas 15 horas después de haber asumido la presidencia municipal. De igual forma, hay que destacar los 155 feminicidios durante la presente administración que propiciaron que la Secretaría de Gobernación, a mediados del año pasado, decretara la  Alerta de Violencia de Género, convirtiendo a Morelos en el segundo estado de la República en hacerlo. A pesar de ello, los feminicidios no han disminuido. No podemos olvidar tampoco el flagelo de los desaparecidos que, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, es de 96 durante la presente administración. 

Todos estos crímenes, en la medida en que el asesinato y la desaparición son deudas de Estado y no de gobierno, se suman a los cientos del sexenio anterior y muestra la incapacidad del Estado para procurar y administrar la justicia. Los casos más evidentes, en su atrocidad, son las fosas de la Fiscalía General de Justicia que se agregan a las 16 fosas clandestinas que se han descubierto en la entidad en los últimos tres años. Las fosas de la Fiscalía se encuentran en Tetelcingo, municipio de Cuautla, en donde 150 cadáveres fueron depositados ilegalmente y sin cumplir los protocolos forenses ni las normas más elementales de inhumación. 

Aun cuando la UAEM ofreció su capacidad técnica y científica para ayudar a esclarecer estos hechos y darle certeza a las miles de familias que buscan, a lo largo y ancho del país, a sus familiares desaparecidos, el gobierno del estado bloqueó la posibilidad de hacerlo y con ello desdeñó el inmenso sufrimiento de las familias y la posibilidad de hacerles justicia. Además, ha anulado, en los hechos, la aplicación de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, aprobada por el Congreso en julio de 2013. Debido a ello, en Morelos no ha habido ni un solo caso de reparación del daño, a pesar de que fueron destinados para ello casi 30 millones de pesos.

La otra parte del flagelo, que se ha incrementado durante este sexenio, es la miseria, expresada en la exclusión social de miles de familias y en el incremento del crimen. Según la última medición del efecto de la política social realizada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), Morelos, durante el sexenio que corre, fue el estado en donde más creció la pobreza, por encima de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Una de las causas de ese incremento ha sido la imposición, por parte del gobierno, de los llamados “megaproyectos” que, al destruir los tejidos sociales de los pueblos de Morelos y dañar gravemente el medio ambiente y las tierras de cultivo, han multiplicado el deterioro social del estado que puede verse también en el incremento del consumo de drogas. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 2014, Cuautla es la segunda ciudad en el país con mayor consumo de ellas entre los niños de 10 años y los jóvenes de 17.

Frente a esta realidad, persistentemente negada por el gobierno del estado, encubierto tras una posición ideológica que pretende justificar la criminalidad y la desigualdad, la UAEM, consciente de su compromiso como una universidad socialmente responsable, ha puesto al servicio de la sociedad su capacidad humana, técnica y científica para develar la realidad y ayudar a enfrentar la problemática. Así, en materia de inseguridad, inauguró los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, hizo el diagnóstico denominado Atlas de la seguridad y violencia 2014 y 2015, el Diagnóstico y plan de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Cuernavaca, el Diagnóstico estatal de la precepción ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, entre otros. También realizó diversos estudios para evaluar el impacto de la miseria y la exclusión en el bienestar desde diversos campos del conocimiento científico. Todas estas acciones pueden servir de base para la creación de políticas públicas y programas que respondan a las problemáticas más sentidas y urgentes en la entidad.

En relación con las víctimas creó los programas de Atención a Víctimas y, ante la falta de capacidad de las autoridades para responder en materia técnica y científica en la identificación de cuerpos, el de Identificación Humana. También realizó múltiples acciones de difusión y extensión de servicios en sus distintos campus, sedes y unidades académicas, para enfrentar la terrible realidad social y política que vivimos.

Esta posición ética, social y política, que está en la vocación fundamental del ser universitario, que implica un compromiso irrenunciable con la sociedad morelense, con sus pueblos y sus comunidades, y que tiene como uno de sus objetivos develar la realidad para transformarla, ha generado molestia en el gobierno y en los grupos de poder. Dicha molestia se ha expresado no sólo en amenazas y violencias a varios de los miembros de la comunidad universitaria, cuyas denuncias se encuentran bajo investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), sino también en los agravios cometidos por parte del gobierno del estado en contra de la UAEM. Presentamos sólo algunos de ellos:

1. La no construcción del hospital universitario y de la escuela preparatoria de Cuautla, promesas de campaña en la propia UAEM.
2. Las obras de infraestructura, que ejecuta el gobierno del estado con recursos de la federación asignados a la Universidad, están estancadas o inacabadas. Los ejemplos más visibles son la Torre de Laboratorios, el edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y el edificio de la Facultad de Humanidades. 
3. Desde el mes de octubre de 2015 la UAEM entregó al gobierno del estado la relación de obras autorizadas por la federación para firmar los convenios respectivos en materia de infraestructura, por un monto de 391.7 millones de pesos. Pese a que el convenio del estado con la federación fue firmado desde el mes de octubre, el gobierno del estado no ha iniciado, hasta el momento, los procesos para la realización de las obras. 
4. La no entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas, a pesar del enorme descontento de la sociedad morelense y de la comunidad estudiantil por la situación en que se encuentra.
5. La eliminación del 5% del Impuesto Pro Universidad en la iniciativa de egresos 2016 enviada al Congreso por el Ejecutivo.
6. La iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso en 2015 para reducir la autonomía universitaria. 
7. La no devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establecida por el SAT, que para la Universidad representan 120 millones de pesos aproximadamente. Hasta el momento el SAT ha devuelto 10 millones de pesos, mismos que el gobierno del estado no ha entregado a la Universidad.
8. En diciembre pasado, el gobernador se comprometió con los trabajadores académicos y administrativos a dar 100 millones de pesos para el pago de los aguinaldos. Esta acción, ampliamente publicitada, nunca ocurrió. Los 100 millones de pesos, recibidos por la UAEM, llegaron vía las economías de la SEP —tal y como consta en el Convenio de fecha 7 de diciembre de 2015 y en el Oficio 219-2/16-008— y no por las supuestas gestiones del gobernador.
9. El gobierno del estado no ha firmado el Convenio de Subsidio Ordinario 2016, por lo cual la UAEM no ha recibido la primera ministración federal y no dispone de los recursos para pagar la nómina.

Ante esta realidad, y en el marco de los emplazamientos a huelga de los trabajadores académicos y administrativos, que vencen el próximo 1º de febrero, la Universidad exige al gobierno de Graco Ramírez: 

1. Que cumpla con la construcción del hospital universitario y la preparatoria de Cuautla.
2. Que concluya la Torre de Laboratorios y que cumpla con la construcción del edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de Humanidades. 
3. Que instruya a quien corresponda a que se inicien las gestiones requeridas para la aplicación de los 391.7 millones de pesos en las diversas obras de infraestructura que requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades sustantivas.
4. Que haga entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas.
5. Que vuelva a establecer la obligación de la aportación municipal del 5% Pro Universidad.
6. Que no vuelva a atentar contra la autonomía universitaria.
7. Que reintegre inmediatamente el monto de los recursos que la UAEM gestionó por concepto de devolución del Impuesto sobre la Renta, de los cuales el SAT ya liberó 10 millones de pesos.
8. Que entregue los 100 millones de pesos que comprometió en diciembre pasado con los trabajadores de la UAEM.
9. Que firme de inmediato el Convenio de Subsidio Ordinario 2016, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera.

Por lo anterior, convocamos a la comunidad universitaria y demás organizaciones que quieran solidarizarse con la misma a:

1. Sumarse a las acciones y manifestaciones a las que convocaremos oportunamente. 

2. Emplazar al Congreso del estado para que, en un término de 15 días, dé vigencia al artículo 19-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como a la Ley de Participación Ciudadana (ley reglamentaria del mismo artículo) y se conforme el Consejo Estatal de Participación Ciudadana con presencia de la UAEM y de organizaciones de la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto, convocamos a la ciudadanía a construir —en el marco de la Constituyente ciudadano-popular que recorre el país, y de cara al 2018— un Constituyente Originario para el estado de Morelos, que le dé cauce a un nuevo pacto social, y nos garantice la seguridad, el bienestar, la justicia y la paz para todos los que vivimos y amamos a Morelos. 

Por una humanidad culta

Una universidad socialmente responsable

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