Jorge Arizmendi precisó que la iniciativa busca evitar muertes por secuestro.

El Congreso del estado analiza la iniciativa de reforma, que permite reducir a 24 horas el tiempo de espera para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inicie una averiguación previa por la desaparición de una persona.

El diputado priista Jorge Arizmendi García, que presentó la propuesta al pleno legislativo, dio a conocer que la intención de reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia es evitar más muertes, toda vez que la diferencia de 24 a 48 o 72 horas puede ser la vida de una persona.

El legislador refirió que en la actualidad ha incrementado la desaparición de personas y se ha vuelto muy común en jóvenes, tal es el caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana, a quien se empezó a buscar días después, cuando se descubrió que había sido detenido por policías.

De igual forma, dijo, existen muchos otros casos en los que la Fiscalía Morelense se niega a iniciar la investigación del paradero de una persona después de 72 horas, por el hecho de que pudiera tratarse de una desaparición intencional y no un delito.

“Hemos visto como este periodo es la diferencia entre la vida y la muerte, entonces me parece que debe desaparecerse. Hoy hay familias que están lamentando la desaparición de algunos de sus miembros, desafortunadamente el Ministerio Público vuelve a insistir en que hay que esperar para iniciar una carpeta de averiguaciones”, declaró el diputado.

Arizmendi García aseguró que existe “insensibilidad” por parte de la Procuraduría General de Justicia, a pesar de la preocupación que pudiera tener una familia por no saber el paradero de una persona cercana y más aún existe omisión cuando se trata de un secuestro o asesinato.

“Desafortunadamente la Procuraduría no da respuesta a esta iniciativa por parte del Legislativo, hoy sigue apareciendo gente que está lastimada, que de repente está desaparecida y que tiene que esperar un periodo”, declaró.

Por lo anterior, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, a fin que se obligue a la Fiscalía atender a la necesidad de la sociedad. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, sin embargo Jorge Arizmendi confió en que pase de inmediato.