Agremiados desconocen a la dirigente sindical Irma Hernández Solís y buscan alternativas legales para la elección de un nuevo comité directivo.
A partir de ayer, por presión de un grupo de agremiados, las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo fueron cerradas y se suspendieron actividades, a fin de no permitir el acceso a la secretaria general Irma Hernández Solís.
Uno de los informantes, quien pidió anonimato, señaló que "en reunión de este primero de febrero, integramos una comisión que fue presentada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) a fin de que sea validada y reconocida para ejercer funciones sindicales y emitir la convocatoria para la elección de nuevo dirigente".
Recordaron que ante la desesperada intención de la líder por lograr continuidad, con apoyo de algunos funcionarios de Gobierno, entre ellos el titular de Gestión e Innovación Gubernamental, Rey David Olguín Rosas, les desconoció derechos sindicales a unos 10 agremiados, uno de ellos Martha Gómez.
Aseguraron que el próximo comité en funciones restituirá dichos derechos y desconocerá una buena parte de los acuerdos asumidos por Hernández Solís, que representan violaciones a los derechos elementales de los sindicalizados.
Del mismo modo, abundaron, se presentará una petición a fin de que sea revisado el manejo de los recursos económicos de la organización por lo menos durante el 2011, ante apreciaciones de que hubo graves desvíos para beneficio personal.
Los promoventes de este movimiento dijeron que dispondrán de un término de dos semanas para emitir la convocatoria de elección, “porque deberá darse un tiempo para el desarrollo de campañas de las planillas que se inscriban”.
