José Antonio Lechuga Morales y Eduardo López Rubí, bajo investigación por omisión en responsabilidades y comprobación de gastos.

Por los presuntos delitos de omisión de responsabilidades y gastos no comprobados, la Contraloría General de Gobierno ha iniciado procedimientos legales en contra de dos ex funcionarios públicos.

En un documento interno, entregado a La Unión de Morelos, se específica que “José Antonio Lechuga Morales, ex director general de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial de la propia Contraloría, está siendo requerido porque no ha podido justificar gastos utilizados en el programa de Contraloría Social”.

Agrega que “el grado de responsabilidades es suficiente para fincarle cargos en dos vertientes, una posible inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier posición en la administración pública estatal, además de una multa económica dependiendo de los montos no justificados”.

Se menciona en la tarjeta informativa que “el asunto es delicado, porque en su calidad de responsable de la Contraloría Social, hay recursos federales que no admiten manejos dudosos y es el principal problema que debe resolver”.

Y más adelante se indica que igualmente se está requiriendo al ex director general de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Eduardo López Rubí.

Los datos obtenidos por la Unión de Morelos señalan, que el ex funcionario dejó 19 procedimientos de derecho de vía para la ampliación y construcción de carreteras desatendidos, que están en riesgo de ser invadidos por su indefinición legal.

Más aún, la documentación manifiesta que “esto indica que el programa carretero en algunos casos se verá limitado en un futuro por causa de este descuido del ahora ex servidor público”, y se hace mención de la Autopista Siglo XXI.

Incluso se le acusa de que en la inversión desarrollada en la Ruta Zapata en la que se destinaron más de 30 millones de pesos, “no integró correctamente el acta de cierre de obra conforme a la ley y ello pudiera ser materia de señalamientos por parte de quien encabece la siguiente administración estatal”.

Se aclara que hasta el momento, ninguno de los dos ha logrado responder el pliego de observaciones que se les hicieron y por lo tanto deberán ser sometidos a proceso.