Ayer viernes terminó el plazo que otorgó la juez en materia penal del Primer Distrito Judicial, Elvia Terán Peña, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para recabar las pruebas que obran en contra del ex edil de Huitzilac, Rafael Vargas Zavala, su hijo y dos comuneros más de este municipio, acusados del delito de secuestro agravado en contra del secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina.
Además, el pasado miércoles por la mañana la juez solicitó a la FGE que en un plazo no mayor a 48 horas, informe si el secretario de Gobierno y dos miembros de su cuerpo de seguridad se someterán a un examen psicológico que solicitó la defensa de los cuatro detenidos, pues a través del mismo los abogados defensores pretenden demostrar que el funcionario no fue secuestrado, como refiere la acusación del ministerio público.
El pasado 14 de enero de este año el ex edil, su hijo y dos comuneros fueron vinculados a proceso, acusados de haber privado de su libertad al secretario de Gobierno y ponerle en libertad a cambio de que la Policía de Investigación Criminal diera con el paradero de un taxista, quien fue secuestrado durante la madrugada del pasado 17 de noviembre.
En esa ocasión, más de 300 habitantes del municipio de Huitzilac cerraron el acceso a la capital del país, lo que provocó que el secretario de Gobierno fuera a negociar con los inconformes porque el bloqueo ocurrió en un puente vacacional y los turistas no podían ingresar a Morelos.
Según el ministerio público del caso, hay demasiadas evidencias que hacen presumir que Vargas Zavala, su hijo y las otras dos personas, golpearon al secretario de Gobierno y lo hicieron entrar a la ayudantía municipal para obligarlo a que realizara las gestiones que permitieran localizar al secuestrado.
La defensa del ex edil y los otros tres imputados han insistido que sus clientes no cometieron un secuestro y que si existió un delito fue el de lesiones, razón por la cual han solicitado a la juez del asunto, sea sometido a un examen pericial el funcionario y dos elementos de su seguridad para demostrar que no presentan secuelas psicológicas por los hechos antes narrados.
Sin embargo, la juez que conoce del caso, en audiencia del pasado miércoles, refirió que de acuerdo a lo que establece el artículo 233 del Código Procesal Penal, las víctimas no pueden ser sometidas a un examen pericial sin su consentimiento, razón por la que comisionó al ministerio público para que plantee a los tres agraviados la posibilidad de someterse a un examen, otorgándole para ello 48 horas, plazo que venció ayer viernes porla tarde.
