Sólo dos terceras partes de los testigos declararon; hoy concluirán los alegatos.
El juez especializado José Luis Jaimes Olmos cerró la audiencia de debate del juicio del menor Edgar “N”, alias “El Ponchis”, con la presentación de sólo dos terceras partes de los testigos citados a declarar y este martes se realizará la clausura de alegatos, en la cual tanto la defensa como la fiscalía tendrán su última intervención.
De los 66 testigos convocados por la fiscalía a declarar en contra del adolescente, sólo se presentaron 43. Prácticamente todos los testigos fueron peritos, criminalistas y elementos de la procuraduría estatal, la Procuraduría General de la República y del Ejército Mexicano que participaron tanto en la detención de “El Ponchis” la noche del 3 de diciembre de 2010 en el Aeropuerto de Cuernavaca, como en las investigaciones de los secuestros y homicidios que se le imputan al menor.
De acuerdo con información oficial, entre las 13 personas que no se presentaron a declarar estaban los testigos claves de la fiscalía, dos jóvenes que habrían sido víctimas de tortura y secuestro de Edgar.
Cabe destacar que los defensores de oficio de Edgar no presentaron ante el juez ninguna prueba o testigo de descargo.
Luego de seis días de debate y presentación de testigos, el juez Jaimes Olmos convocó a la fiscalía y la defensa del menor a las 11:00 de la mañana de este martes para llevar a cabo la clausura de los alegatos.
Posteriormente, el juez tendrá hasta 24 horas para dictar la sentencia, es decir, determinar si Edgar es inocente o culpable de los delitos de secuestro, homicidio, portación de arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano y Fuerzas Armadas, y delitos contra la salud en su modalidad de transportación y distribución de cocaína y marihuana.
Una vez que se dicte la sentencia y en caso de que el adolescente sea declarado culpable, el juez convocará a la audiencia de individualización de la pena.
La fiscalía estatal ha solicitado al juez oral que imponga a Edgar la pena máxima de tres años de internamiento –como lo que establece la legislación estatal de justicia para adolescentes- y una sanción económica de 4.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño a los familiares de las víctimas.
