“Transparencia para el Pueblo de Morelos” estará adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de creación del órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo de Morelos”, que estará adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y será el responsable de garantizar que las dependencias del Poder Ejecutivo estatal y que los municipios cumplan con sus obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública.
Según el decreto, aunque este órgano quedará jerárquicamente subordinado a la Secretaría Anticorrupción, la persona que lo dirija será nombrada y removida libremente por la gobernadora.
Este órgano de nueva creación absorberá gran parte de las funciones que tenía el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), extinto desde enero pasado, y contará con tres unidades administrativas: la Dirección de Seguimiento al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública; la Dirección de Evaluación, Vinculación, Capacitación y Cultura de la Transparencia, y la Dirección de Recursos de Revisión.
En breve deberá designarse a la persona que estará a cargo de este nuevo órgano desconcentrado y, en un plazo de 60 días, tendrán que expedirse los manuales administrativos y toda la normatividad aplicable para su debida operación.
Asimismo, las secretarías de Hacienda y Anticorrupción deberán facilitar los recursos económicos, materiales y humanos para el cumplimiento de las funciones de la “Transparencia para el Pueblo de Morelos”.
Es necesario resaltar que este órgano tendrá injerencia sólo en municipios y dependencias del Poder Ejecutivo, ya que –de acuerdo con el decreto de extinción del IMIPE– tocará a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado, al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos (aún sin crear), así como a los órganos internos de control de los organismos autónomos, asumir las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el ámbito de su competencia.
