En cualquier régimen republicano, la división de poderes no es un adorno constitucional, se trata de un mecanismo de control. En esa sintonía, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no están pensados para acompañarse sin fricción, sino para vigilarse mutuamente. No obstante, en México, al ser un país con una fuerte tradición presidencialista, el poder ejecutivo opaca a los otros dos. La lógica es: donde el poder se concentra sin revisión, los errores tienden a prolongarse y tener efectos catastróficos para los gobernados; mientras en donde existen contrapesos, las decisiones se discuten, se corrigen o, en el mejor de los casos, se evitan. La democracia no funciona solo por elecciones, funciona por equilibrio.
En México, con la aplanadora de la 4T, en distintos niveles, el poder se ha ido alineando bajo un mismo proyecto político. Ejecutivo, legislativo, y ahora —en buena medida— también el judicial, comparten orientación. La expectativa que acompaña ese escenario sería que, si no hay bloqueos, los resultados deberían llegar con mayor rapidez. Menos conflicto interno, más capacidad de acción. Pero vemos que los problemas siguen a pesar del bombardeo mediático de que estamos inmersos en la cuarta transformación: que los mexicanos somos felices más que nunca.
Es cierto, hay mucha población que está con la 4T, pero también es cierto que hay temas como la seguridad, donde la distancia entre expectativa y resultados comienza a hacerse evidente: esto no está funcionando. El discurso de transformación ha sido constante, pero la experiencia cotidiana en distintas regiones del país no termina de reflejar un cambio sustancial. La violencia persiste, se adapta, se desplaza, pero no desaparece. Son Sinaloa y Morelos ejemplos que obligan a detenerse.
Lo que ocurre en el Estado de Sinaloa con su gobernador bajo licencia, no puede explicarse únicamente como continuidad de un problema histórico. También plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta en un contexto donde el respaldo político es amplio. Figuras impulsadas desde el centro del poder enfrentan escenarios complejos sin que los resultados logren consolidarse. Entonces, la expectativa que se esperaba del cambio se rompe, porque si las condiciones políticas están dadas, la ausencia de resultados adquiere otro significado. Ya no se puede atribuir únicamente a la oposición, a bloqueos o a falta de coordinación. La responsabilidad se vuelve más directa, pero también más difícil de procesar cuando no existen mecanismos efectivos de corrección, y ahora con la designación del Congreso sinaloense de la gobernadora interina, que es parte del gabinete de Rocha Moya, observamos que los contrapesos en los gobiernos morenistas se han diluido.
Por ello, los contrapesos no deben verse como obstáculo, sino como punto de tensión necesario. Sin ellos, la autocrítica pierde espacio. Y sin autocrítica, las estrategias tienden a mantenerse, incluso cuando no están funcionando. Morelos, en su escala, no es ajeno a esa lógica.
Vemos que la gran estrategia del gobierno morenista a nivel federal es el control de la agenda con las famosas mañaneras. El discurso institucional suele insistir en avances, en estrategias, en coordinación. Es parte de la narrativa gubernamental. Pero la seguridad no se mide en declaraciones, se mide en las experiencias del día a día por parte de los ciudadanos, y lamentablemente esas experiencias de inseguridad rayan en el hartazgo.
Lo mismo ocurre en el terreno económico. El aumento al salario mínimo ha sido presentado como uno de los logros centrales en los últimos años. Y sin duda tiene un impacto relevante en términos de ingreso. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchos perciben otra dinámica: precios que suben, servicios que se encarecen, una sensación de que el poder adquisitivo no mejora al ritmo esperado.
La economía no responde únicamente a decretos. Funciona también por equilibrios. Cuando esos equilibrios se alteran sin que el resto de los factores se ajusten en la misma proporción, las distorsiones aparecen. Y esas distorsiones se reflejan en el bolsillo. De nuevo, la percepción termina pesando más que el discurso.
Por eso la discusión de fondo no es exclusivamente política. Tiene que ver con la capacidad real de un gobierno para incidir en la vida cotidiana. La legitimidad no se sostiene solo en el respaldo electoral, sino en resultados que se perciban. En ese punto, la autocrítica se vuelve indispensable, pero aquí no la hay.
Ningún proyecto político se fortalece ignorando sus fallas. Al contrario, cuando la revisión interna desaparece, los problemas tienden a enquistarse. Y en un contexto donde los contrapesos se diluyen, esa revisión se vuelve más difícil.
Entonces, si el poder se encuentra alineado y las condiciones para gobernar parecen favorables, ¿por qué los resultados no terminan de reflejarse con claridad? Mientras esa pregunta no tenga una respuesta convincente, la inseguridad seguirá presente, la economía seguirá generando incertidumbre y la política continuará moviéndose entre lo que promete y lo que realmente logra. Por lo tanto, lo demás, inevitablemente, empieza a desgastarse.
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