Dice que la Fiscalía no probó las acusaciones contra Crispín Gaspar Cortés, a quien la administración anterior ligó con un cartel, pero al que sólo acusó de narcomenudeo.
La jueza de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Primer Distrito Judicial, Gabriela Acosta Ortega, rechazó favorecer a delincuentes y sostuvo que la información que circula en redes sociales en la que se cuestiona su calidad profesional y la legalidad de sus resoluciones, pone en riesgo su seguridad. En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, sostuvo que es de cobardes acusar a los jueces y no presentar ni denuncia ni pruebas.
En rueda de prensa, la jueza rechazó cualquier nexo con organizaciones delictivas, luego de que a través de redes sociales se difundieron acusaciones en su contra tras decretar la no vinculación a proceso de Crispín Gaspar Cortés, a quien autoridades del gobierno anterior señalaron como presunto líder de una organización criminal.
La jueza desmintió la información y aclaró que el hombre fue imputado sólo por el presunto delito de narcomenudeo y no por los delitos de secuestro, extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es la primera vez que conoce del caso, que le fue asignado por turno.
Afirmó que tiene las manos limpias y en sus 26 años de carrera judicial no ha incurrido en actos de corrupción, pero insistió en que las acusaciones sin fundamento ponen en riesgo no sólo su seguridad y la de su familia, sino pone en entredicho al sistema de justicia.
“No podemos hacer afirmaciones que dañan a la gente, incluso se debe atender que estas afirmaciones me ponen en peligro a mí como juez, ponen en peligro a mi familia, porque sabemos y es público, que si hay un cártel, también hay otro cártel. Y si ese cártel considera que yo estoy ligada con una cártel, me pone en peligro y a mi familia, e incluso pone en peligro a la sociedad, porque si empezamos a desconfiar de los jueces, entonces a dónde vamos a llegar, si los jueces son la última opción para verificar la legalidad de las cosas que se ponen en consideración de nosotros”, dijo.
Explicó que dictó la no vinculación a proceso y libertad de Gaspar Cortés porque su abogado defensor desvirtuó con pruebas, como videos y testimonios, las imputaciones formuladas por la fiscalía.
Recordó que los partes inconformes en un juicio tienen el derecho de apelar las resoluciones de jueces y son los magistrados del TSJ los responsables de revisar si fueron emitidas conforme a la ley y, en su caso, confirmarlas, modificar o revocarlas.
Cobardía, acusar sin probar: Cuevas López
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, respetó el derecho de los jueces de refutar las acusaciones en su contra y consideró una cobardía acusar sin denuncia y probar, y hacerlo en anonimato.
“Creo que como en todo juicio, los jueces también tienen el derecho de hablar, de expresar, de lo que acontece con los asuntos y además (defender) el principio de presunción de inocencia. A mí no me gustaría decir que todas esas personas (presuntos delincuentes) que dicen que quedaron libres fueran responsabilidad del Poder Judicial, y que tampoco fueran actos de corrupción, porque quien se atreve a denunciar un acto de corrupción es porque tiene los elementos y las pruebas para hacerlo”.
“Quien lo omite y solamente lo dice a través de denuncia anónima, me parece que es una cobardía. Si yo denuncio y tengo conocimiento de que hay corrupción, pues yo soy el primero en denunciarlo porque si no me convierto en omiso o cómplice”, dijo en alusión al caso de la jueza, al integrarse a la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz instalada por el gobierno de Morelos.
Cuestionada sobre el número de quejas promovidas por los justiciables contra jueces y personal del TSJ, informó que el año pasado se atendieron alrededor de 200 y fueron cesadas 10 personas, entre ellas dos jueces.
Las principales causas de queja fueron: impuntualidad en el inicio de audiencias; retraso constante para la atención de personas como abogados o las partes de un juicio; e ineficacia en el desempeño jurisdiccional.
