Se llama pomposamente “Instituto de Investigaciones Legislativas” y depende del H. Congreso Local del Estado de Morelos, pero en realidad es un auténtico “elefante blanco” donde los diferentes partidos políticos han encontrado el lugar perfecto para colocar a la gente que no tiene cabida en otras dependencias pero hay que emplearlos por compromisos políticos.
Como muchas instituciones gubernamentales en Morelos, nacen como una legítima intención de hacer algo benéfico para la sociedad, pero con el tiempo se va perdiendo hasta convertirse en un ente burocrático más que genera gastos y muy pocos resultados.
Algo así ocurrió con este Instituto nacido en 1998 teniendo como principales objetivos realizar investigaciones documentales y de campo relacionadas con la materia legislativa; editar publicaciones que contribuyan a la divulgación de estudios y asuntos legislativos, “llevar a cabo mediante las investigaciones correspondientes, el análisis para determinar la eficacia de los ordenamientos expedidos por el Congreso del Estado, informando de sus resultados a la Junta Política y de Gobierno”, y muchas actividades más que vienen enlistadas en la Ley Orgánica para el Congreso Libre y Soberano de Morelos.
La tarea de estructurar y poner en marcha el Instituto de Investigaciones Legislativas le correspondió a Eleael Acevedo Velázquez, quien estuvo hasta el año 2000 cuando se fue como consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y actualmente encabeza el Centro de Estudios Constitucionales y Participación Democrática.
Después el IIL prácticamente pasó a ser un espacio del Partido Acción Nacional (PAN) y ocupó la titularidad José Luis del Valle Adame, hoy doctor en Derecho, pero en aquel tiempo sólo tenía la profesión de ingeniero y su mérito era haber sido diputado federal por el blanquiazul.
El colmo fue cuando en la repartición de posiciones esa dependencia le tocó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sin el menor empacho pusieron como director a un médico: Armando Ramírez Saldivar.
Y es que la propia ley orgánica no establece como requisito que su titular deba ser licenciado en derecho, sólo dice que se requiere “contar con los conocimientos, experiencia y capacidad en el ámbito de la investigación legislativa; y contar con título de licenciatura en el ámbito de las ciencias humanas y cédula profesional legalmente expedida, con una antigüedad mínima de cinco años.
En la siguiente legislatura estuvo el profesor y abogado Ricardo Arteaga Granados, impulsado por el Partido Acción Nacional nuevamente y después el hoy magistrado Roque González Cerezo.
En la pasada legislatura siguió siendo “propiedad del PAN” y colocaron ahí a Sergio Álvarez Mata, candidato perdedor del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca y ex secretario de Gobierno con Marco Adame Castillo. A pesar de su amplia experiencia, su gestión “pasó de noche”.
Es así como llegamos al tiempo actual, con el licenciado en Derecho egresado de una universidad a distancia, Omar Alfonso Barrera Hernández, con cero experiencia en la materia pero con el apoyo decidido de una diputada del partido Morena.
El pasado 4 de marzo, un ciudadano de nombre Joel Guzmán Pérez, hizo una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que pidió: “Cuántas investigaciones, documentales de campo, ediciones de libros, publicaciones de estudios, cursos, seminarios eventos y proyectos de iniciativas ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado en los años 2012 al 2019”.
Con fecha 10 de marzo contestó el director del Instituto, Alfonso Barrera, diciendo que “se realizó una búsqueda minuciosa en el archivo histórico del Instituto encontrándose algunas de las actividades” y enumera “foros, cursos, participaciones institucionales, conferencias y apoyo parlamentario”.
Lo más increíble es que al llegar a 2019, o sea el periodo que ya le corresponde a él, puso: “conversatorio, coloquios, recepción a magistrados, continuidad al rescate de archivos históricos, foros, participaciones institucionales y apoyo parlamentario”.
Eso es todo su informe.
Ya no sabemos si Alfonso peca de poco inteligente o demasiado franco en su respuesta, pues hay que entender que en un Congreso donde los diputados no han hecho nada, sus órganos auxiliares tampoco tengan qué hacer.
¿Falta de dinero? Quizás antes ese pudiera ser la justificación, pero recordemos que en el 2019 los 20 diputados recibieron el mismo presupuesto que antes era para 30 integrantes de la Legislatura.
El hecho es que el instituto pareciera ser una sucursal del Aeropuerto de Tetlama, con una abultada nómina pero nada de resultados, atendiendo a la contestación de su director ante una solicitud de información pública de un ciudadano.
Por si esto no fuera suficiente, existe una denuncia contra Alfonso Barrera, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la que lo acusan de realizar actos de proselitismo.
Dice la denuncia en cuestión, que el 6 de marzo del 2020, en una reunión de vecinos que se llevó a cabo en la calle Ahuehuetes número cinco de la colonia Lomas de Cortés, el director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso dijo textualmente: “Les pido que dediquemos nuestro mayor cantidad de tiempo (sic) a posicionar a Ale, decirles a todos, los beneficios que ha realizado la diputada, quienes tenemos un espacio hagamos un esfuerzo doble, en nuestras actividades, recalquémosle a la gente que lo que reciben son beneficios que Ale brinda y que para continuar es fundamental que sea ella la presidenta municipal de Cuernavaca”.
HASTA MAÑANA.
