Esta semana el Congreso del estado tendrá que elegir al hombre o mujer que habrá de presidir por los siguientes tres años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una institución que gozó de prestigio y calidad moral cuando estaba su fundador, don Carlos Celis Salazar, pero que con el paso del tiempo ha dado refugio a todo tipo de personajes que lo han usado como trampolín político.
La lista de aspirantes es muy larga y variada. Comienza con el actual presidente Jorge Arturo Olivarez (sí, con z) Brito, quien aspira legítimamente a continuar en el cargo por un segundo periodo. El doctor en Derecho llegó al cargo tras una serie de negociaciones con los partidos políticos representados en el Congreso hace tres años. En esa ocasión “se alinearon todos los astros a su favor”, pues tuvo el apoyo de su partido (no hay que olvidar que fue candidato a diputado local por el PRI hace mucho tiempo) y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso era Francisco Santillán, a la postre esposo de Maricela Velázquez, hija de la lideresa Maricela Sánchez. Una amistad de años con la diputada Silvia Irra y una “recomendación” de su pareja la magistrada y ex presidenta del TSJ, Nadia Lara Chávez, lo convirtió en candidato del PRD-Gobierno y de ahí a la presidencia.
No podría decirse que la gestión de Jorge Arturo fue “pro gobierno”. Las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos de los diferentes poderes así lo demuestran. Tampoco hubo escándalos notorios. Digamos que fue “institucional”.
Clara Elizabeth Soto Castor encabeza la lista de cinco mujeres que pretenden llegar a la presidencia del organismo. Al igual que hace tres años (y no sabemos por cuánto tiempo más) sus detractores le cargan en la espalda la pesada losa de ser cuñada de la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta y por lo tanto graquista. Incluso, un medio digital de ésos que surgen y desaparecen según conveniencia, aseguró que la tarde del viernes estaba Rodrigo Gayosso reunido con sus huestes para dirigir personalmente la sucesión en la CDH y en la Entidad Superior de Fiscalización.
Antonio Sorela Castillo es un joven abogado que ha destacado en los últimos años como impulsor de los derechos humanos. Es especialista en el tema, también con doctorado, capacitador en la Academia de Policía, ayuntamientos y en todas las instituciones del país donde lo invitan a dar conferencias. Recientemente presentó la "Declaración Universal de Derechos Humanos versión Comentada y Traducida al Náhuatl" y ha sido merecedor de casi todos los reconocimientos de organizaciones de abogados estatales, nacionales e internacionales.
En los últimos meses del sexenio graquista fue invitado por el entonces secretario de gobierno Matías Quiroz, a hacerse cargo de la oficina de Atención a Derechos Humanos de la administración estatal, hasta que llegó Julio Colín y lo despidió.
Hay otros candidatos, tanto a la presidencia como a las consejerías de la CEDH, pero a juicio de quien esto escribe, son las tres personas antes mencionadas quienes tienen mayores posibilidades y cuentan con los méritos para ello.
Pero no se descarta una sorpresa. En este sexenio ocurren cosas inesperadas. Una prueba de ello es la llegada del ex presidente municipal de Tlaquiltenango a la dirección del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm).
Es de todos sabido que en el Congreso del Estado no hay un liderazgo claro, sino al contrario, las diputadas y los diputados se la pasan en grillas internas. Un día son más que amigos y al otro día se odian y buscan la manera de desquitarse.
Eso podría dar la oportunidad a personajes que hoy ni siquiera aparecen en las listas de los comentaristas políticos, o bien, que se opte por darle chance a Jorge Arturo Olivarez de que termine lo que ya inició.
Lo único seguro es que quien obtenga la preferencia de los legisladores tendrá una empresa difícil que cumplir. Hasta este momento no se han registrado violaciones graves a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas, pero a medida que avance el sexenio y exista mayor presión de la sociedad hacia sus policías, éstos puedan caer en la desesperación y aplicar la máxima de “el fin justifica los medios”.
Así ha ocurrido en otros gobiernos y hubo jefes policíacos procesados por ello. En el último sexenio, si no hay policías en la cárcel es porque Graco Ramírez protegió hasta el último momento a Alberto Capella y éste a sus elementos que irrumpieron violentamente en un domicilio en el municipio de Temixco y mataron a un bebé.
La CEDH requiere de una persona respetable, bien preparada y con las agallas necesarias para enfrentarse a las autoridades en caso de que sea necesario.
Pero también, se necesita que el Congreso le asigne un presupuesto digno para que sus visitadores puedan realizar bien su trabajo.
Y una sede permanente. La Comisión de Derechos Humanos ya merece tener un edificio propio, no puede andar como judío errante pagando una renta (que casi siempre ha significado un negocio para el presidente en turno).
Es innegable que la primera dificultad con la que se encuentra una persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, es ubicar el domicilio de la institución garante. Se ha gastado mucho más en otras cosas, que no se tenga para construirle un edificio a la CEDH.
