En marzo de 1996, cinco años después de la muerte de su madre, María de Lourdes Vieyra Quinto, decidió replantear el rumbo de su vida. Hasta entonces, su cotidianidad había estado marcada por el cuidado de sus hermanos, los estudios y las labores del hogar. Convencida de que su existencia debía ir más allá de esas responsabilidades, optó por pensar en sí misma y darse la oportunidad de iniciar una relación sentimental con un hombre a quien consideró adecuado para formar un proyecto de vida en común.
“Mis veintisiete años me daban el respaldo (la edad no es garantía, ahora lo sé); me consideraba una persona y mujer normal, con aspiraciones a corto, mediano y largo plazo y decidí entonces aceptar el inicio de una relación con un hombre a quien en su momento consideré correcto”, recuerda.
La relación transcurrió sin sobresaltos aparentes y, tras un periodo de noviazgo con altibajos propios de cualquier vínculo, la pareja contrajo matrimonio. Sin embargo, la percepción de estabilidad cambió tras la ceremonia religiosa. La mujer, educada bajo la premisa de ser “buena esposa”, comenzó a experimentar una sensación persistente de ahogo que atribuyó al proceso de adaptación matrimonial. Optó por guardar silencio y mantener las apariencias, decisión que con el tiempo calificaría como un grave error.
Durante los siguientes doce años, vivió con la impresión de que algo no marchaba como esperaba. En ese periodo nacieron sus hijos, Jesús Andrés y Paloma Guadalupe, quienes —afirma— se convirtieron en el motor de su vida y en la razón principal de su fortaleza ante las adversidades. No obstante, en marzo de 2009 consideró urgente tomar una decisión para proteger su integridad física y la salud emocional y psicológica de los menores, entonces de ocho y diez años de edad.
A partir de ese momento, describe el inicio de una etapa que define como “violencia a cuentagotas”, una experiencia que compara con morir un poco cada día. Señala que, tras denunciar la violencia familiar, descubrió hechos que —según su testimonio— podrían constituir probables delitos. Asegura que la consecuencia fue la separación de sus hijos, a quienes no volvió a ver ni a escuchar desde 2009, salvo en una ocasión aislada.
De acuerdo con su relato, para poder mantener algún tipo de convivencia con los menores se le condicionó a firmar acuerdos y retirar denuncias previas relacionadas con la violencia sufrida. Sostiene que las autoridades competentes, que debían salvaguardar los derechos de los niños, terminaron vulnerándolos al imponer convenios que limitaban su contacto con ellos.
También afirma que peritajes oficiales recomendaban apoyo terapéutico para los menores, al advertir posibles actos de manipulación por parte de un adulto, sin que dichas observaciones fueran atendidas.
En su búsqueda de justicia, inició denuncias, trámites e investigaciones. Durante el proceso acudió a terapia psicológica, donde escuchó por primera vez el término “Síndrome de Alienación Parental”, que después de tomar varios cursos supo que es un proceso que consiste en programar a un hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. Cuando el Síndrome está presente, el hijo da su propia contribución en la campaña de denigración del padre alienado.
Paralelamente, vendió bienes para cubrir honorarios legales y, ante la falta de recursos, comenzó a redactar por sí misma escritos dirigidos al juez familiar competente, siguiendo orientaciones recibidas en instancias federales. Posteriormente, decidió iniciar estudios de licenciatura en Derecho con el propósito de comprender mejor los procesos judiciales que enfrentaba.
En 2014, el entonces Juez Séptimo de Distrito le concedió un amparo en el que, según refiere, se señalaban irregularidades en la actuación del juzgado familiar. Ese mismo año, el 10 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió la Recomendación 213/2014-6 dirigida a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Nadia Luz Lara Chávez. La recomendación no fue aceptada y, de acuerdo con su versión, se restringió su difusión pública.
Diecisiete años después del inicio del conflicto, la mujer asegura desconocer el paradero de sus hijos y continúa acudiendo a instancias judiciales en busca de respuestas. En su testimonio, sostiene que la justicia ha sido esquiva y cuestiona la efectividad del principio constitucional de justicia pronta, expedita y gratuita.
Con el paso del tiempo, afirma haber encontrado cierta serenidad a través de la terapia y de la experiencia acumulada. Aunque mantiene la esperanza de reencontrarse con sus hijos, señala que ha transformado su vivencia en una motivación para acompañar a otras personas que enfrentan procesos legales, particularmente en casos donde los menores resultan afectados. A pesar de la adversidad, concluye que la justicia existe, aunque —según sus palabras— a veces parece mantenerse distante de quienes más la necesitan.
“Los años me han dado experiencia y las terapias un poco de calma y no pasa un solo día en el cual deje de bendecir a mis hijos amados esperando algún día poder cuando menos verlos o conocer su paradero, pero, además, este tiempo me ha permitido utilizar mi vivencia para ayudar a otras mujeres que acuden en busca de justicia, sobre todo en asuntos en los cuales los inocentes son los más afectados: nuestros niños”, dice la señora Lulú, quien el pasado mes de febrero se graduó como especialista en Derecho Procesal Familiar Oral.
HASTA MAÑANA.
