A las 8:20 de la mañana se estacionaron dos unidades artilladas del Ejército Mexicano con un oficial cuya gorra llevaba un par de barras horizontales al frente. Los elementos (unos 20 en total) se bajaron y tomaron sus posiciones estratégicamente sobre la banqueta del Palacio de Cortés, mientras otros cruzaban la calle y se paraban frente a la puerta del Tribunal Superior de Justicia.
Después de aquel operativo en Amatitlán para detener al fiscal Uriel Carmona ya los cuernavacenses estamos “ciscados”, pues sabemos que cualquier cosa puede ocurrir.
El que esto escribe, en calidad de visitante espontáneo, preguntó a un trabajador del Palacio de Justicia si sabía a que se debía la presencia de los militares. “Uy joven, esto no es nada. La otra vez llegaron también camionetas de la Guardia Nacional. Seguro es por el asunto del Juzgado Cuarto Familiar”, contestó el empleado.
La curiosidad natural de reportero nos llevó a indagar qué era lo que pasaba en aquel Juzgado Familiar que se ubica en el segundo piso, justo enfrente de donde antes se encontraba el Banco HSBC. No había amenaza de bomba, y tampoco se había anunciado un simulacro, así que algo realmente importante pasaba en esas oficinas jurisdiccionales.
Justo en ese momento se llevaba a cabo la inauguración de la Cumbre Nacional de Fiscalías Anticorrupción en una Hacienda de Xochitepec, con la presencia de los titulares de los tres poderes de Gobierno, así que se descartaba que la presencia militar tuviera que ver con el presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea.
Nos acercamos al Juzgado Cuarto Penal, en cuyas sillas metálicas estaba una señora rubia con una carriola con un bebé de brazos. Un hombre mayor y un joven que a leguas se notaba que portaba un chaleco antibalas. Un hombre de cabello corto —casi no se notaba que fuera su guardia personal— entraba y salía discretamente, dándole novedades al hombre del chaleco antibalas.
Era evidente que se trataba de una controversia familiar, pues en otra línea de asientos se encontraban los abogados de la contraparte. Ellos sin ningún alarde de seguridad.
No es la primera vez que presenciamos una audiencia con esas características. A lo largo de nuestra trayectoria periodística (tres años en Comunicación Social del Poder Judicial), nos tocó ver audiencias de divorcios en los que tenían que estar presentes los elementos de la PIBA para evitar que en cualquier momento brotara la violencia.
En otros casos, juicios mercantiles en los que se disputaban cantidades estratosféricas de dinero, y los abogados realmente se apasionaban, pero nunca llegaron a los golpes.
¿Qué podía ser tan peligroso en este caso como para que el compareciente viniera con chaleco antibalas?
Logramos averiguar que en el Juzgado Cuarto de lo Familiar se ventila el juicio 474/2022—3 en el que Mariana N demandó alimentos para ella a su ex cónyuge de nombre Jorge Carlos, a pesar de que ya está casada legalmente con otra persona.
El 17 de octubre del año 2023 que Jorge Carlos fue citado a las 8:30 de la mañana al desahogo de una audiencia familiar, en la cual tendría que ofrecer pruebas en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia llegaron la ex esposa con su nuevo marido acompañados de un pelotón de soldados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mismos que amedrentaron con armas largas a los abogados.
Además de los uniformados, la pareja traía un buen número de elementos armados pero vestidos de civil, mismos que fueron obligados por el personal de Seguridad del TSJ a dejar sus pistolas en sus vehículos, quedándose solamente con las fornituras, lo que evidentemente seguía siendo una forma de atemorizar a los abogados de la contraparte.
Aunado a lo anterior, el dos de enero del año 2024, en plenas vacaciones del tribunal, le ordenan a la juez Alejandra Trejo Resendiz que cite al ex esposo para imponerle una medida cautelar por una denuncia de violencia que ella interpuso con anterioridad, lo cual no pudo concretarse porque sus abogados lo presentaron amparado.
También, hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) porque el ex esposo supone que las autoridades están favoreciendo a Mariana por las influencias de su nuevo marido.
Y efectivamente, ayer alrededor de las 14:00 horas, cuando terminó la audiencia en el Juzgado Cuarto Familiar, elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, le notificaron a la pareja que hay una investigación en su contra por posibles actos de corrupción.
La pareja se subió a una camioneta Yukón que a leguas se nota que está blindada y se retiraron, seguida de las dos camionetas artilladas del Ejército Mexicano, las cuales deberían estar asignadas a cualquier otra actividad, menos a vigilar una audiencia civil en materia familiar.
Como dijera Andrés Manuel López Obrador cuando se refirió al fiscal morelense Uriel Carmona: “¡Cuántas influencias tiene este señor!”.
HASTA EL PRÓXIMO MARTES.
