Integrantes del Foro Morelense de Abogados presentaron una denuncia penal en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, por la presunta comisión de cinco delitos. Líderes de las organizaciones que conforman dicho Foro acudieron al medio día de ayer a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, para presentar la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que quedó registrada bajo el expediente ASP/25/2010. Los delitos que se le imputan al presidente magistrado del TSJ son: obstrucción de la justicia, delitos en contra de la administración de justicia, delitos cometidos por servidores públicos, peculado y falsedad de declaraciones.
Cipriano Sotelo Salgado, integrante del Foro y presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, explicó que Rosas Pérez habría incurrido en conductas ilegales e irregulares que han afectado seriamente la administración de justicia.
Detalló que los delitos de que se le acusa al magistrado obedecen a que en seis ocasiones amplió la demanda de controversia –en la cual se dirime la constitucionalidad o no de la designación de seis magistrados- y provocó daños a la impartición de justicia ante la falta de magistrados; también –dicen los abogados- mintió ante la Corte y las autoridades; impidió la renovación de los integrantes del Consejo de la Judicatura al sostener como miembros a Jesús Valencia Valencia, Joaquín Magdaleno González y Virginia Popoca, cuando sus periodos fenecieron; además se le acusa de usar recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para beneficio personal y de grupo.
Junto con los presidentes de la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados de Morelos, Carlos de la Rosa Segura y Enrique Paredes Sotelo, el representante de los penalistas calculó que integrar la carpeta de investigación llevará a la PGJ unos tres meses.
No obstante, debido a que el presidente del TSJ tiene fuero, el Ministerio Público deberá determinar si hay elementos en contra de Rosas Pérez, y en caso su caso pedir al Congreso el desafuero.
