La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), contra las reformas constitucionales en materia anticorrupción y las designaciones de contralores internos de órganos autónomos, realizadas por la anterior legislatura.
Con la admisión de la controversia 51/2015, se tiene oficialmente como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos, a quienes el máximo tribunal emplazó para dar contestación a la demanda, y a la LIII Legislatura se le requirió copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
Aún cuando la CDHEM pretendió que la SCJN llamara al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) como tercero interesado en la controversia constitucional, fue negada la petición.
También el Instituto Morelense de Procesos de Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) promovió la controversia constitucional 54/2015, la cual fue turnada al ministro instructor para efecto de que en los próximos días determine su admisión o no.
Ambos órganos se duelen, principalmente de la invasión de competencia en que incurrió la legislatura anterior y la violación a su autonomía constitucional mediante el decreto número 2658, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y combate a la corrupción, que incluyó la designación a cargo del Congreso de los contralores internos.
Particularmente el organismo defensor de los derechos humanos refutó el procedimiento mediante el cual se designó a Roxana Aguilera Mejía como titular del órgano de control interno de la comisión, al no existir elementos que comprueben su experiencia y trayectoria profesional para ejercer el cargo
