Xochitepec, Jiutepec y Puente de Ixtla reclaman fallas en el proceso legislativo y que dichas normatividades violan la autonomía municipal.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el estudio de las controversias constitucionales promovidas por tres municipios en contra del Congreso local y el Poder Ejecutivo por la aprobación y promulgación de la Ley de Contratos de Colaboración Pública Privada del Estado de Morelos y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos.
En las controversias constitucionales 133/2008, 134/2008 y 135/2008 promovidas por Xochitepec, Jiutepec y Puente de Ixtla, los municipios reclamaron fallas en el proceso legislativo y que las leyes en cuestión violan la autonomía municipal al obligar a los municipios a solicitar al Congreso autorización para firmar convenios de colaboración y contraer deuda pública.
En la sesión del pleno del tribunal constitucional, los ministros abordaron el estudio de si fue correcto o no el proceso legislativo por el cual se llevó a cabo la reforma a la Constitución local que dio origen a Ley de Contratos de Colaboración Pública Privada del Estado de Morelos y la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos.
Los municipios, en este apartado, alegaron que el Congreso no envió adecuadamente a los municipios el dictamen por el cual fue aprobada la reforma, por lo menos por dos terceras partes de los legisladores, y que el Poder Legislativo no verificó que los cabildos, por mayoría calificada, hayan aceptado la reforma constitucional.
Se estableció que los municipios recibieron el dictamen en copia simple y que no hay norma que obligue al Congreso a verificar la votación de los cabildos que, en muchos casos, es certificada a través de los secretarios de los Ayuntamientos.
Ante las dudas que surgieron sobre la validez o no de los dictámenes en copia simple y la necesidad de certificación o no de la votación de los cabildos para la aprobación de reformas constitucionales, los ministros determinaron postergar el tema para la próxima sesión.
