El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Contraloría del Ayuntamiento de Cuernavaca emitir una nueva resolución en la que revalore las sanciones impuestas a la empresa Constructor L&F y argumente la “mala fe” en que supuestamente incurrió el consorcio tras el derrumbe del tanque elevado de Chamilpa en febrero de 2007.
La Contraloría de Cuernavaca había impuesto una sanción económica de un millón 374 mil pesos a la constructora L&F y una inhabilitación por cinco años para suscribir contratos para obra pública en los ámbitos municipal y estatal.
Sin embargo, la constructora se inconformó e inició en septiembre de 2010 un juicio administrativo para impugnar las sanciones por considerar que no fueron legalmente sustentadas por la autoridad municipal.
En este y otros juicios, la empresa Constructor L&F ha argumentado que el desplome del tanque elevado de Chamilpa es atribuible a las fallas técnicas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca porque fue la dependencia la que elaboró el proyecto de construcción del tanque elevado y con base en ello el consorcio ejecutó la obra.
Sin embargo, la autoridad municipal alegó que la responsabilidad es del consorcio, a quien acusó de actuar de mala fe en virtud de que nunca advirtió de defectos en el diseño arquitectónico del tanque elevado.
No obstante, el TCA ordenó a la Contraloría municipal emitir una nueva resolución en la que revalore y argumente las sanciones, así como explique en qué se basa la autoridad para sostener que hubo mala fe de L&F en la construcción del tanque elevado.
