La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) criticó la designación de Teresa Domínguez Rivera como nueva directora general del Instituto Morelense de la Mujer (IMEM), porque ignoró a las víctimas cuando fue legisladora local y su nombramiento es parte de las cuotas político-partidistas.
Tras la oficialización del nombramiento, la coordinadora de la organización no gubernamental Juliana García Quintanilla señaló que el gobierno de Morelos continúa con su política de simulación y ésta designación confirma que no hay interés por cumplir con las recomendaciones urgentes, contenidas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho de los 33 municipios de la entidad para proteger la integridad y la vida de las mujeres.
“Si la anterior encargada del instituto no asumió su trabajo como debía de ser, conociendo el trabajo que venía realizando el grupo interinstitucional conformado para la emisión de la alerta, la que llega viene sin ningún conocimiento sobre el tema, sin ninguna intención de sensibilizarse sobre cuál es la situación de la violencia feminicida en el estado, porque estuvo tres años en el Congreso local, de los cuales en ninguna ocasión se acercó a las familias y a las víctimas de feminicido para saber cuál era su situación y de qué manera se podía sumar a alguna acción solidaria en concreto”, dijo.
Acusó que cuando Domínguez Rivera era legisladora del PRD y encabezaba la Comisión de Equidad y Género, nunca atendió los llamados de la CIDH para sumarse a las acciones en defensa de los derechos y la protección de las mujeres.
“Cuando desde la comisión le pedimos algunas acciones tampoco atendió. Entonces, una persona que no es sensible a un tema tan doloroso como es el feminicidio y lo que las familias requieren, no va a tener respuesta en el instituto”, recalcó.
Vaticinó un trabajo pobre del IMEM con su nueva titular, quien durante su encargo anterior fue incapaz de atener los reclamos de las mujeres y las víctimas. Y manifestó su preocupación porque ante el incremento de los feminicidios, el aumento de los casos de violencia contra mujeres y una declaratoria de violencia de género que exigen acciones urgentes, no hay una respuesta institucional.
García Quintanilla consideró que la designación de Domínguez Rivera es más un acuerdo político-partidista, en lo que menos importó fue la necesidad de contar con una persona con conocimientos, con experiencia probada en el tema y la capacidad de llevar a cabo las acciones urgentes que exige la Alerta de Violencia de Género, declarada por la Secretaría de Gobernación desde el mes de agosto.
“Esto nos lleva a una reflexión, que tenemos que tomar decisiones hacia otro ámbito porque sabemos que este gobierno con sus prácticas nos está demostrando que no le interesa atender la Alerta de Violencia de Género, porque entendemos que los cambios son para mejorar y no para empeorar las situaciones, y en este caso con un llamado desde el ámbito federal y que no esté atendiendo y que solamente sea conforme a sus negociaciones políticas, es lamentable y es preocupante para las mujeres”, concluyó.
