Los tribunales del Poder Judicial estatal están en incertidumbre, sin saber si contarán con los recursos suficientes para operar el próximo año, ante la ausencia de la declaratoria de la reforma constitucional que otorga autonomía financiera al sistema de justicia

El Poder Judicial atraviesa por gran incertidumbre porque aún no está segura la posibilidad de que este año pueda contar con la anhelada autonomía financiera, ya que la emisión de la declaratoria de la reforma constitucional por parte del Congreso todavía no está entre las prioridades legislativas.

De acuerdo con fuentes consultadas, los cuatro tribunales que integran el Poder Judicial permanecen en total suspenso porque no hay certeza de mejoría presupuestal para el ejercicio fiscal 2013.

Cada uno de los tribunales tiene proyectos que no han logrado concretarse ante la carencia de recursos, como la sede propia para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y el Tribunal Contencioso Administrativo, y resalta que éste último tiene la infraestructura más rezagada del Poder Judicial; la terminación del edificio judicial de Jojutla y la modernización de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Aun cuando la LI Legislatura aprobó la reforma constitucional que concede autonomía financiera al Poder Judicial, la LII en funciones mantiene detenida la emisión de la declaratoria -que daría vigencia a dicha reforma- bajo el argumento de que tendría que analizarla.

Ante esta incertidumbre, los integrantes del Poder Judicial están pacientes ante la esperanza de que en breve pueda emitirse la declaratoria de validez de la reforma constitucional y con ello aspirar a obtener el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable; o en su caso, que el Congreso apruebe las propuestas de presupuestos presentadas por cada uno de los presidentes de los tribunales, la cuales contemplan, en algunos casos, aumentos salariales para los trabajadores, la mejora y ampliación de infraestructura judicial, capacitación y profesionalización del personal.

De acuerdo con las fuentes consultadas, a pesar de que habrá prudencia y paciencia por parte del Poder Judicial, no está descartada la posibilidad de promover acciones legales en caso de que el Congreso no asigne recursos adecuados para cubrir las necesidades mínimas del Poder Judicial.