Tras protestar frente al edificio donde se celebran los juicios orales, en la calle de Morrow en el centro de Cuernavaca, vecinos de la colonia Prohogar del municipio de Emiliano Zapata pidieron al gobierno del estado su intervención, pues ayer iba a celebrarse la audiencia intermedia de la partera y dos hombres acusados de asesinar a una joven y su bebé, pero esta fue pospuesta porque los imputados pidieron la protección de la justicia federal.

“Nos están engañando. Están jugando con nosotros”, dijo la suegra de la víctima, al enterarse de que la audiencia no se celebraría y que la justicia federal decidió amparar a los implicados porque dos de ellos fueron obligados a realizarse un examen de ADN, ya que es una prueba que se tiene que anexar al expediente para determinar si la sangre que fue localizada por los peritos en la ropa corresponde o no a la víctima.

El caso de Gabriela “N” sacudió a la sociedad morelense, pues el pasado 2 de abril de este año fue encontrada sin vida dentro de bolsas de plástico en una casa de la colonia Prohogar.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la víctima Marlene Adán Jaimes conoció a la mujer que se presume le quitó la vida en un hospital y le ofreció regalarle ropa para su bebé, que estaba a punto de nacer.

Fue así como la joven acudió a la casa, donde la partera (se presume que con ayuda de su padre y hermano) le abrió el vientre a la víctima para sacarle el producto, que pocos minutos después también falleció.

Lo anterior fue un caso que sacudió a la sociedad morelense, por la manera en que la joven fue privada de la vida, ya que la cesárea se realizó con un cúter, y se presume que falleció por la cantidad de sangre que perdió.

La audiencia estaba programada para celebrarse a las ocho de la mañana, pero en cuanto inició, el juez de Control informó de la existencia de un amparo, así que difirió la audiencia hasta que el Juzgado de Distrito determine si hay o no irregularidades en el procedimiento.

Al término de la audiencia, la mujer que encabezaba la manifestación dijo: “Ahora resulta que los señores (imputados) están indignados por la prueba. Dicen que se pisotean sus derechos y los derechos de mi nuera, de la bebé, esos dónde quedan”, dijo Alejandra Anaya Mariaca, quien se identificó como suegra de la víctima.

La mujer se quejó “de las marrullerías” de los abogados, pues afirmó que la idea es dilatar la sentencia, ya que fueron informados que la audiencia intermedia se llevará a cabo en tres meses.

Finalmente los amigos y familiares de Marlene se trasladaron al Palacio de Gobierno a solicitar la intervención del jefe del Ejecutivo, para que éste solicite a la justicia federal que resuelva de manera rápida el amparo. También protestaron afuera de la sede del Congreso.